Focos rojos en municipios por violencia política

Focos rojos en municipios por violencia política

Una vez que las personas resultaron electas para cargos de elección popular en los ayuntamientos que estarán vigentes en los próximos tres años, hasta el momento son tres los municipios del estado donde no se ha podido corregir la situación de violencia política en razón de género, denunció Candelaria Rodríguez, integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare).

Explicó que Aldama, Chalchihuitán y hasta Bochil, son los municipios donde las alcaldesas y síndicas se han acercado a la organización para pedir ayuda, porque son víctimas de vulneración de derechos electorales.

En Chiapas el tema de la paridad está superado por la asignación que hicieron los partidos políticos; no obstante, en los números sigue existiendo una desigualdad, al tomar en cuenta que de los 124 ayuntamientos, apenas 33 son gobernados por mujeres.

La activista mencionó que, en casos donde se remueva a las alcaldesas por alguna acusación o comprobación de delito, el Congreso Local tiene que respetar la paridad y debe elegir a una mujer para ocupar el mismo encargo.

“Lo que hemos dicho es que una mujer no garantiza democracia y si hay que revisar y caen en una irregularidad entonces la autoridad que proceda como debe hacerlo”, puntualizó

De 2015 a la fecha al tema medular, explicó, fue impulsar la paridad pero ahora están en la etapa más difícil: convencer a los partidos políticos a que coloquen a mujeres en espacios donde realmente puedan competir y ganar.

Rodríguez comentó que, desafortunadamente, en los municipios es la misma población la que, bajo el pretexto de usos y costumbres, no permiten a una mujer gobernar en todos los sentidos situación que ha generado preocupación en los partidos políticos.

Finalmente, insistió que en aquellos espacios donde hay participación de mujeres, las acciones se tienen que ver reflejadas en la implementación de políticas públicas o en su caso de iniciativas de leyes,que sean en beneficio del reconocimiento del derecho político de la población.