Para romper los estereotipos de género y lograr un verdadero reconocimiento de la diversidad sexual, es necesario ir más allá de promover iniciativas y acciones sobre los derechos humanos. Es imprescindible fomentar un lenguaje inclusivo desde las instituciones y autoridades, reconociendo principalmente la identidad y orientación sexual de cada persona, manifestó Eliseo Trinidad Hernández, especialista en derechos humanos.
Manifestó que el principal reto en México en relación a la población de la diversidad sexual, particularmente de los operadores jurídicos que trabajan en instituciones públicas, es el tema de la empatía y sensibilidad, es decir, pensar en los términos de cómo respetar a la otra persona.
Hay una resistencia muy fuerte, desde autoridades históricamente reconocidas. Por ejemplo, en el tema del lenguaje incluyente, una autoridad reconocida es la Real Academia de la Lengua Española (RAE) que ha dicho que prefiere quedarse con el lenguaje tradicional, vertical y heterosexista.
Ésta ha llamado incluso “infantilismo” el llamar a las personas como desean ser reconocidas, en los términos de derecho de desarrollo de la libre personalidad y de cumplir un proyecto de vida.
Enfatizó que las personas que están en la función pública deben evitar este tipo de comportamientos que en nada contribuyen a dignificar a la otra persona, que no fomentan el reconocimiento de una diversidad y a la prevalencia de un lenguaje sexista y tradicional.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene una guía que aborda el lenguaje no discriminatorio, no sexista, neutro o incluyente y que valdría la pena conocer y estudiar, ya que de nada sirve realizar eventos para promover iniciativas si no se reconoce la identidad de las demás personas.
Apuntó que también es vital abrir nuestra mente hacia las nuevas formas de vivir de las personas, es decir, tradicionalmente hemos sido encajados en el binarismo, hombre-mujer, roles de género muy marcados; pero hablar de personas “queer” que se definen como no binarias, genera discusiones.
No se deben encasillar esas identidades, porque al hacerlo los operadores jurídicos, en lugar de un puente, se convierten en murallas para que estas personas puedan ejercer sus derechos políticos.
“Es totalmente irónico que en pleno siglo XXI estamos discutiendo sobre los derechos políticos de estas personas, cuando desde 1789 con la Declaración de los Derechos del Ciudadano francés, hace más de 300 años, se estableció el tema”.
Hay que considerar que tenemos que ver más allá y siempre reflexionar sobre nuestro comportamiento público y privado sobre el trato que le damos a las otras personas, particularmente a las minorías que han tenido como ingredientes primarios el menosprecio, la discriminación y el oprobio.
