Lo que se había manejado especulativamente a través de redes sociales como una multitudinaria concentración de personas de la denominada “marcha de revocación de mandato” con la que se pretendía denunciar presuntas irregularidades en contra del alcalde de Tapachula, solo quedó en un intento al que poco más de dos docenas de personas, entre estos algunos ya viejos líderes sociales, se sumaron al llamado, por lo que las opiniones en redes sociales se dividen entre quienes buscan la justificación de la inasistencia y quienes la califican como un fracaso.
Entre los convocantes que fueron señalados como organizadores, se encuentra: Joaquín del Pino Sedicente, fundador de Morena, un eterno aspirante a cualquier cargo de elección popular, candidato a la presidencia municipal, que tan solo alcanzó una regiduría plurinominal en el 2012, que después la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Xalapa, Veracruz, otorgó a una mujer.
Otros personajes que fueron señalados como organizadores del movimiento son: Isidro Ovando Medina y José Antonio Constantino, conocido como “El Pollo”.
La movilización, que había sido programada para salir en dos frentes: uno en la fuente Atzacua, al oriente de la ciudad y la otra del mercado de la antigua estación de ferrocarriles; en la primera no se paró nadie y en la segunda al momento de iniciar la marcha no sumaban ni veinte personas.
Falta de participación
Contrario a lo que ocurre en las redes sociales en la que un gran porcentaje de la población señala carencias, irregularidades y falta de honestidad, en la práctica, pocos fueron los que acudieron la marcha.
Sobre la revocación de mandato como mecanismo de democracia participativa que permite a la ciudadanía solicitar y votar la terminación anticipada del mandato de un funcionario público electo, esto solo se aplica al presidente de la República, quien puede ser removido antes de finalizar su periodo si se obtiene el respaldo de una parte significativa de la ciudadanía cumpliendo con los requisitos como la solicitud al Instituto Nacional Electoral, reunir un número mínimo de firmas, que represente al menos el 3 % de la lista nominal de electores provenientes de por lo menos 17 estados de la República; la consulta popular una vez que la solicitud es validada y en caso de ser favorable el presidente podría ser removido.
