Fraude de notario permitió venta de una colonia

Los colonos han solicitado la regularización para contar con servicios básicos, pero no lo han logrado debido al conflicto causado por el notario público 112. David Morales / CP
Los colonos han solicitado la regularización para contar con servicios básicos, pero no lo han logrado debido al conflicto causado por el notario público 112. David Morales / CP

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Imagínese lector que el terreno por el que pagó miles de pesos durante varios años, y en el que invirtió su salario o hasta se endeudó para construir una casa para su familia, un mal día le surge un dueño que no es usted; y lo peor, ahora deberá volver a pagar por ese predio, pues de no hacerlo perderá su propiedad. Este es el caso real en el que se enfrentan 390 familias en la colonia Sacramento de Jesús ubicada metros antes de la Zona de Tolerancia entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, donde un notario escrituró más de dos hectáreas con unas 390 viviendas, dos escuelas y dos iglesias a favor de un comprador que nunca se apareció en el lugar, y que luego vendió a otro sujeto que ahora quiere revender los lotes a sus dueños originales.

Cuarto Poder recorrió el lugar en donde los colonos denunciaron de manera masiva el fraude del que son víctimas, y que les llevaría a la pérdida de su patrimonio formado por una década de trabajo, pero del que aseguran no permitirán que sean despojados.

La colonia se extiende sobre 12 hectáreas de terrenos que en el año 2009 el propietario inicial llamado Gustavo López Calvo, dividió en 420 lotes y de los que logró vender a 390 propietarios.

En 2013, Efrén Cal y Mayor Gutiérrez se presentó ante los colonos como el notario público número 112 y ofreció sus servicios para escriturar los terrenos a favor de cada propietario. Cobraría nueve mil 500 pesos por cada escritura, cantidad a la que los colonos aportaron en parcialidades y de los cuales existen recibos emitidos por la notaría mencionada. Los afectados aseguran que en total se le habría pagado al notario alrededor de millón y medio de pesos por un proceso fraudulento.