El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que para proteger su integridad física amenazada por el aumento de agresiones, acordó retirar el martes a los integrantes de las Brigadas Civiles de Observación (Brico) instaladas desde marzo del año pasado en la comunidad de Nuevo San Gregorio, municipio autónomo Lucio Cabañas, para documentar los ataques en contra de cinco familias zapatistas.
Agregó que “en lo que va del año 2022, las brigadistas documentaron 21 agresiones en contra de cinco familias (27 personas) que habitan Nuevo San Gregorio, que van desde intimidaciones, amenazas de muerte, violencia sexual y de tortura; agresiones físicas, robo de ganado y destrucción de bienes; cortes de agua, vigilancia; obstaculización, control y cobro de libre tránsito, así como secuestro de personas”.
Dijo que “el territorio, recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ha sido cercado con alambre de púas, negando el derecho a una vida digna, alimentación, salud y educación”.
Despojo
En un documento dado a conocer en conferencia de prensa por la directora del Frayba, Dora Lilia Roblero García, se señaló que alrededor de 40 personas de localidades aledañas “han despojado” a los pobladores zapatistas de cerca de 155 hectáreas que forman parte del territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas.
“Las amenazas, hostigamiento e intimidación por el grupo de personas se suman la omisión del Estado mexicano para atender esta situación a pesar de haber sido informado sobre los hechos desde el Frayba. Este hecho agrava el riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población, así como de las personas observadoras integrantes de las Brico, quienes en las últimas semanas han sido el blanco de las amenazas”, manifestó.
Expresó que “desde hace dos semanas el grupo agresor ha aumentado sus acciones de despojo y articulado amenazas graves contra las Brico. El 10, 15 y 19 de junio, las brigadas registraron nuevamente agresiones que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal” de las bases zapatistas, así como “el riesgo de desplazamiento forzado de toda la comunidad y violaciones graves contra el derecho al libre tránsito en la región”.
