La doctora Araceli Burguete Cal y Mayor presentó un profundo análisis sobre la “matriz de opresiones” que impide la participación política y la paridad sustantiva de las mujeres indígenas en la región Altos de Chiapas, en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech).
La investigadora, originaria de Arriaga, Chiapas, y con una reconocida trayectoria nacional e internacional, compartió la mesa con la socióloga y activista Patricia Díaz López, a quien reconoció como protagonista y víctima directa de las violencias que se abordaron, lo que enriqueció el diálogo con la experiencia vivida.
Burguete Cal y Mayor definió esta matriz como un entramado que articula sistemas de dominación como el patriarcado comunitario, el racismo institucional y la violencia política.
“Esta matriz no opera de forma aislada, sino que se entreteje con las prácticas cotidianas, las estructuras familiares, los sistemas normativos y las instituciones estatales”, explicó.
Ejes
La ponencia se centró en tres ejes estructurales. El primero es el “desplazamiento histórico de las mujeres del espacio público”, un proceso que la doctora fechó a partir de 1951 con la fundación del primer centro coordinador indigenista en San Cristóbal de Las Casas.
El segundo eje analizado fue el “patriarcado comunitario”, concepto que, citando al feminismo comunitario de Julieta Paredes, describió como una fusión de sistemas de dominación ancestrales y coloniales.
“Las redes familiares organizan la vida comunal y son las que expulsan a las mujeres del poder político”, aseguró. En estas tramas, los mandatos de género socializan a las niñas en la obediencia y el servicio, confinándolas al espacio privado, mientras que a los hombres se les instruye para el espacio público y el liderazgo.
Simulación
Como tercer eje, la experta habló de la “violencia institucional” y la simulación por parte del Estado y los partidos políticos. Criticó la “racialización de la política electoral”, donde los partidos utilizan a los pequeños municipios indígenas como “territorios de simulación de paridad”, reservando los espacios de poder real para hombres mestizos.
Denunció una práctica recurrente que denominó “simulación tolerada, usurpación permitida”, donde las candidaturas de mujeres son consentidas por la comunidad con la expectativa de que el cargo será finalmente ejercido por un hombre.
Frente a este panorama, la doctora Burguete exigió al Estado que intervenga para asegurar que la autonomía indígena no se convierta en un “espacio de impunidad patriarcal” y que se active el marco legal de las reformas constitucionales de 2015 y 2019, que reconocen los derechos políticos de las mujeres indígenas y el principio de paridad en todo.
