Quienes integran el Frente Cívico Nacional con su representación en Chiapas, anunciaron que buscarán la implementación de un “Plan C” en materia electoral, el cual estará concentrado con movilizaciones, peticiones a los organismos jurisdiccionales para que resuelvan las acciones de inconstitucionalidad en apego a la transparencia y otras acciones que ayuden a revertir la aprobación que se hizo en la Cámara de Diputados y que, según la visión que tienen, provocará afectaciones en la organización de votaciones.
Madeline Villafuerte Trujillo, integrante de la agrupación, expresó: “El Plan A no fue aprobado, el Plan B es el que ahorita nos preocupa, pero nosotros tenemos el Plan C, que es Corte, Constitución, Ciudadanía”.
Durante la conferencia de prensa, invitaron a la población a salir a las calles este domingo 26 de febrero para defender la democracia y las elecciones libres. “Mi voto no se toca”, es una de las frases que replicarán.
Se tiene previsto que 119 organizaciones de la sociedad civil en 90 ciudades (82 en México y ocho en el extranjero) lleven a cabo diversas concentraciones; la idea es mandar un mensaje asociado a la independencia de los poderes. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, se prevé que las actividades comiencen a las 11:00 horas el próximo domingo.
Movimiento social
Integrantes del Frente Cívico Nacional explicaron que el movimiento que se tiene anunciado para los próximos días fue convocado por la ciudadanía, y en él buscan que haya respeto a la autonomía del INE.
Comentaron que más allá de los ahorros en el Plan B, lo que buscan las autoridades actuales es dejar inoperante al instituto, lo que podría derivar en un caos para los siguientes procesos electorales.
Uno de los impactos más importantes, dijeron, tiene que ver con los ajustes para desaparecer juntas distritales, cuya función está centrada en el tema de las credenciales, además de la actualización del padrón y la cartografía electoral.
Adicional a esto, señalaron, también se disminuirá en un 84 % el servicio profesional, pues se trata de aquellos que ocuparon un cargo a través de un concurso y ahora quedan vulnerables con sus derechos laborales.
Dentro de las acciones, han pedido a quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que las controversias que lleguen las pueden resolver conforme a lo que señala la Constitución y que no se hagan trampas, pues el propósito es que prevalezca la democracia en México.
