Habitantes de Frontera Comalapa denunciaron que el presidente municipal, Oscar Ramírez Aguilar, no atiende los problemas de seguridad que hay en el ayuntamiento, a pesar de que la problemática la han expresado a través de escritos.
En una protesta que realizaron a las afueras de palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, Socorro Ramírez, una de las afectadas, puntualizó que en el parque central ya no quieren ambulantaje y los representantes del municipio hicieron caso omiso.
A través de un escrito, los pobladores expresan su rechazo a los actos de represión que ha emprendido el presidente, “no hay humildad en ellos de atender a los ciudadanos”, expresó una de las mujeres que habló en nombre de los afectados.
En el documento, se señala que el edil no ha respetado los acuerdos que se firmaron con los habitantes de la zona centro, quienes han reclamado que en el ayuntamiento haya estabilidad social, sin embargo, mujeres y hombres que reclaman este derecho fueron recibidos a balazos y con agresiones físicas y verbales.
Los inconformes están pidiendo el desalojo de todo el comercio informal; no obstante, aprovecharon el espacio para denunciar que también los integrantes de la Mesa Directiva de la Zona Centro, recibieron amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas.
Lamentaron que los expresidentes municipales solamente trabajen un año y medio, después de ese tiempo ya no se les conoce en el ayuntamiento; piden que en Comalapa no se abran más cantinas, que quiten el comercio informal y que brinden las garantías de seguridad.
En el centro de la ciudad, informaron, pagan rentas de entre ocho y 10 mil pesos, se le suman cinco mil de energía eléctrica sumado al pago de los empleados; los comerciantes reclaman que el ambulantaje se lleva las ganancias sin pagar dinero a las autoridades hacendarías.
Acusaron que en Frontera Comalapa hay cobro de piso de entre dos o tres mil pesos, esto para que el comercio informal pueda operar en las principales calles del municipio.
Finalmente, dentro del reclamo también se encuentra que el Gobierno del Estado intervenga, para evitar que la crisis social del municipio de agudice, sobre todo, porque los habitantes ya reflejaron su malestar de manera prudente.
