"Jesús Belmont / corresponsal / México, DF. * CP. La política migratoria en el sureste mexicano se expresa en forma punitiva más que con razonamiento económico y social, mientras que la lucha contra el narcotráfico trajo consigo un fenómeno que apenas asoma la cabeza: el incremento en el consumo interno de estupefacciones con un crimen organizado que rebasa a las autoridades, en particular en Chiapas.
Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana explicó que la militarización, por su parte, halla en este contexto el plano ideal para mantener su presencia, y la paranoia antiterrorista de Estados Unidos aprieta los controles punitivos en los niveles federales y estatales de nuestro país.
En opinión del investigador, la conjunción del tráfico de drogas, armas, seres humanos, la depauperación económica de la región y una militarización que se hizo sorda pero bastante visible y presente, hicieron de la frontera sur un complejo problema que ha disparado definiciones de políticas públicas con alcances nacionales.
En suma, advierte Erubiel Tirado, existe un grave escenario de riesgo por factores que escapan al control inmediato del Estado mexicano que, apuesta de nuevo, a una suerte incierta.
Terrorismo
El especialista senaló que luego de los ataques terroristas a EU y de la reacción inmediata de derrocar al régimen talibán de Afganistán en 2001, el gobierno de George Bush se abocó a la tarea de asegurar la colaboración de sus vecinos territoriales, Canadá y México a fin de establecer una estrategia eficaz contra futuros atentados que utilizarían de plataforma las fronteras respectivas.
Los pilares de esta estrategia fueron definidos a través de los llamados Smart Border Agreements (Acuerdos sobre Fronteras Inteligentes) firmados con Canadá (diciembre de 2001) y México (marzo de 2002).
El pacto con Canadá radica en el concepto de operación conjunta de las acciones de seguridad transfronteriza, es decir, más que intercambio de información estratégica y de sugerencia de cursos de acción, hay definiciones claras de operación conjunta de acciones entre agencias de ambos países con fines acordados de antemano.
""Los términos específicos del acuerdo con México, en cambio, giran en torno de una amplia e irrestricta cooperación entre los organismos de defensa, seguridad, inteligencia, migración y procuración de justicia.""
En resumen, se trata de 22 compromisos específicos de acciones que comprometen al Estado mexicano en una situación de alerta constante determinada por las percepciones de su vecino del norte y con consecuencias concretas tanto en la frontera con Estados Unidos y la del sureste.
""Uno de los efectos primarios de este planteamiento motivado por el miedo terrorista es el corrimiento limítrofe, de facto, de la frontera sur de EU, no con el río Bravo sino con el Suchiate"".
Seguridad fronteriza
En este sentido, Erubien Tirado agrega que el gobierno mexicano emprendió políticas concretas para cumplir con el cometido estadounidense partiendo de la premisa de que comparte los mismos intereses de seguridad nacional respecto de sus fronteras, en particular con la del sur.
Por ello no es casual que desde junio de 2002 se haya materializado el Acuerdo para la Creación del Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Fronteriza (Gansef) México-Guatemala, en principio, para diagnosticar el comportamiento de flujos irregulares de bienes y personas a través de la su frontera y emprender acciones de normalización y prevención. Algo similar se planea con Belice desde el ano pasado.
Las premisas reales de la estrategia se descubren con claridad en la agenda del Gansef al establecer que habrá ""intercambio de información de inteligencia"" y ejecución de ""acciones bilaterales"" para prevenir actos terroristas.
A esto se anaden acciones definidas para la deportación ""garantizada"" de ilegales entre la frontera México-Guatemala según lo expresado en el marco de la VII Conferencia Regional sobre Migración.
El énfasis en la estrategia no es gratuito si se tiene en cuenta el comportamiento de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica y que pasan por nuestro país con rumbo a EU y, por otra parte, un fenómeno delincuencial nuevo que se asocia con la tesis de los círculos de inteligencia norteamericana de que el terrorismo islámico utilice rutas y estos flujos migratorios para un nuevo ataque a su territorio.
En marzo de 2005 el Departamento de Seguridad Interior informó del arresto de miembros de la llamada Mara Salvatrucha, originada en las calles de Los Ángeles durante los 90, localizados en Nueva York, Miami y Baltimore.
Los maras
La política mexicana de contención migratoria se ha concentrado en Chiapas donde entre 2002 y 2004 se detuvieron a cerca de 400 mil indocumentados, de los cuales casi 40 por ciento son guatemaltecos.
La focalización de estas acciones está directamente relacionada con el fenómeno de la Mara Salvatrucha, las pandillas de origen hondureno y salvadoreno y con características propias de delincuencia organizada.
De acuerdo con datos del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional se tienen detectados grupos de los maras en 21 estados del país. Con formas novedosas de organización para la naturaleza tradicional de las pandillas o bandas callejeras y de actuación delictiva, son producto de su estancia en territorio norteamericano.
""Chiapas es el punto natural e inicial de manifestación de sus actividades en México. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, hasta febrero pasado se tenía detectada su presencia en 21 municipios, tanto en la frontera como en las áreas urbanas (17 colonias de Tuxtla, 34 de Tapachula, 11 en Suchiate, principalmente)"".
Esto provocó una situación de alerta permanente para las autoridades federales y locales así como un despliegue inusitado de una política severamente punitiva para contener la actividad de los maras: entre 2002 y hasta enero pasado se consignaron 831 pandilleros (entre Mara Salvatrucha y su contraparte enemiga, Barrio 18, así como simpatizantes).
La fuerte cohesión orgánica de estos grupos y su férrea actitud hacen difícil aplicar medidas de reinserción social en el corto plazo y las autoridades han optado por las medidas represivas de contención. Se trata de acciones limitadas estructuralmente por la casi nula capacidad siquiera de mantenerlos en prisión: del total de detenidos, sólo 176 permanecen en centros de reclusión, es decir, menos de la cuarta parte.
Bajo este esquema se explica la actitud aprehensiva del gobierno mexicano sobre la frontera sur y que no está exenta de abusos y violaciones a los derechos humanos, y la presión que representa en términos de amenaza terrorista para Estados Unidos, concluye el investigador.
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