Francisco Valdés Ugalde * SUN
La definición de la democracia es objeto de debate abierto y lo será aún más en el futuro a medida que se hagan evidentes los obstáculos materiales y espirituales originados en las circunstancias históricas en que cada sociedad ha llegado a este sistema de gobierno.
Al instituirse en número sin precedentes de estados nacionales, la forma democrática dará motivo a una gran cantidad de intentos definitorios; más aún, de luchas por definirla y apropiarse de ella en distintas maneras. Lejos de lo que piensan los que tienen una visión conservadora, el sistema democrático de gobierno es mucho más que elección de autoridades.
Cualquier definición de manual ofrece una descripción de las condiciones institucionales necesarias para llamar de esa manera a un sistema político. Al menos seis instituciones claramente identificadas son necesarias para calificar a un régimen de democrático: elección de autoridades, elecciones periódicas libres e imparciales, libertad de expresión, capacidad de información, libertad de asociación y ciudadanía universal. Se trata de instituciones mínimas sin las cuales la democracia no puede ser realidad. Pero aunque estas instituciones existen en muchas partes, es posible preguntarse sobre el grado de implantación y vigencia real en cada sitio. De eso depende no solamente que un régimen pueda llamarse democracia, sino su profundidad, estabilidad, extensión y, por consiguiente, su calidad.
Tomemos por ejemplo una de estas condiciones que es considerada la mayor debilidad de todos los sistemas democráticos: la capacidad de información. Se entiende que los ciudadanos deben disponer de información abundante y de fuentes alternativas de la misma para tomar sus decisiones electorales y las relativas a las distintas modalidades de participación política.
Sabido es que cuando se ejerce el poder, dar información resulta más costoso que reservarla. El gobernante se beneficia, el ciudadano es el perjudicado. Y las fuentes alternativas sólo pueden ser provistas por medios especializados de cuya independencia y profesionalismo depende la calidad de la opinión que se forman los ciudadanos acerca de la cosa pública.
La disponibilidad de fuentes alternativas de información sobre lo que hace el gobierno, tanto las que éste pone a disposición del ciudadano como las que producen los medios independientes, son determinantes del grado de comprensión de los ciudadanos cuando piensan en los asuntos públicos.
En ambientes con sistemas de información controlados por pocas empresas privadas que no se guían por principios de producción profesional de información y elementos de juicio debidamente jerarquizados, el proceso democrático resulta demeritado porque la información disponible no contribuye a una participación ciudadana de calidad en la definición de la agenda pública.
En situaciones de este tipo puede mantenerse la elección de autoridades en comicios periódicos y otras condiciones, pero la dudosa calidad de la información desliga a los gobernantes de los ciudadanos y aquéllos aumentan injustificadamente su capacidad de actuación discrecional. De ahí que en este ámbito subsista un conflicto fronterizo acerca de un aspecto central de la calidad de la democracia.
Otro ámbito de conflicto es la tensión originada en la economía capitalista, que prevalece como el único sistema económico viable, a pesar de todas las variantes que pudiese tener. La historia mundial registra una conflictiva relación entre capitalismo y democracia. El primero tiende a concentrar la riqueza y la propiedad de las empresas donde ésta se genera. Al hacerlo, produce sistemas organizacionales autoritarios en los que quienes ocupan los sitios subordinados deben obedecer a los de arriba o aceptar ser expulsados.
Los avances de la democracia como sistema de decisión colectiva (y no sólo elección de gobernantes) han presionado a la modernización de los sistemas gerenciales e, inclusive, de propiedad empresarial. También han aportado a la regulación antimonopólica y contra otras modalidades de despotismo económico que, al producir desigualdad, operan contra el origen del desarrollo histórico de la democracia: la compulsión humana a la igualdad.
Hoy está claro que no hay identidad entre capitalismo y economía de mercado porque el capitalismo sin regulación actúa contra el funcionamiento natural del mercado. Una economía de mercado implica la presencia de múltiples regulaciones sociales, culturales y políticas que actúan en contra de las tendencias despóticas de la acumulación inmoderada y el perjuicio social que implican.
Hay, pues, una relación entre democracia y economía que no es indiferente al tipo de democracia que es posible tener. En este campo, el problema consiste en construir los medios para impedir la concentración y el monopolio y favorecer la presencia de relaciones igualitarias. De nuevo, en este punto es posible distinguir entre tipos de sistemas democráticos según la situación social prevaleciente en ellos.
Estos ejemplos muestran con toda claridad que el desarrollo de la democracia, su consolidación y profundización no se limitan ahora ni en el futuro a la mera satisfacción de las condiciones mínimas. Es cierto que éstas son indispensables, pero también es cierto que si no se extienden sus fronteras y su operación no dispara procesos de mejoría de la condición de las personas, se puede convertir en un régimen frágil y potencialmente prescindible.
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Investigador del IIS-UNAM
