Condena generalizada han merecido las amenazas de muerte que el presidente de la República, Felipe Calderón, declaró haber recibido por parte de grupos criminales. Todos los partidos políticos, la Iglesia Católica y organismos no gubernamentales reaccionaron con preocupación ante tales amagos, que deben ser prevenidos, pero también servir de incentivo para no detener la lucha frontal que se ha emprendido contra los narcotraficantes. No se puede ya desandar el camino iniciado. La arrogancia de los grupos delincuenciales los hace pensar que nadie en el país es inmune a su poder intimidatorio y que son capaces incluso de rebasar la delgada línea roja que divide a la persona del jefe del Estado mexicano.
Dicha creencia la respaldan en el hecho de que en lo que va de este ano las ejecuciones en el país, como ajustes de cuenta entre bandas y asesinatos de policías, superan en 61 a la cifra del mismo periodo del ano anterior. Si bien hay estados de la República en los que la lucha es más cruenta, prácticamente ningún rincón del país se salva de sufrir su efecto, así sea indirecto, de la acción de los narcos.
Reportes de la frontera sur nos hablan de la gran influencia de los cárteles de las drogas en la zona, que incluso compran propiedades a ambos lados de la línea que divide a México de Guatemala para tener paso franco entre ambos territorios con absoluta impunidad.
Aun así, ninguna fuerza criminal puede ser superior a la del Estado mexicano. Por mucho poder corruptor que tengan y por más que sean el primer problema de seguridad pública del país, sus acechanzas no deben poner en riesgo la seguridad nacional ni desviar un ápice la convicción gubernamental y de la sociedad por conjurar de raíz este fenómeno.
Por el contrario, la lucha se debe reforzar en varios frentes, pues después del ámbito meramente policiaco-militar ya en marcha, se debe pensar en el jurídico, mediante la revisión urgente de las iniciativas presentadas este mes por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, para modifcar la Ley contra la Delincuencia Organizada y hacer más ágil el trabajo de PGR y de los Ministerios Públicos, de tal manera que se cierren los espacios legales por los que narcos y delincuentes eluden la acción de la justicia.
Asimismo, debemos aprovechar el impulso de la reciente reunión entre los presidentes Calderón y Bush, en Mérida, para propiciar que nuestro vecino del norte haga su parte en el combate a los grupos de narcotraficantes que operan en su territorio y, mejor todavía, para abatir los alarmantes niveles de consumo entre sus ciudadanos, que es en realidad la fuente de todos los demás problemas.
Para esto habrá que superar a la brevedad el desliz verbal del embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, quien reiterera una gran verdad: que aquel país no ha hecho mucho para apoyarnos, aunque lo haya dicho en términos poco diplomáticos, que incomodaron en Washington.
El Estado mexicano, en suma, no ha de ser rehén de quienes buscan medrar al amparo del crimen y a costo de la seguridad, la salud y la vida de millones de mexicanos. (El Universal).
