Francisco Valdés Ugalde * SUN. El ciudadano es el epicentro del sistema democrático. Este axioma no se ha hecho del todo realidad porque todos los que votamos somos ciudadanos, pero no todos hemos cobrado la necesaria conciencia de las responsabilidades que implica y de las consecuencias que conlleva. Mientras la evolución de nuestra cultura política acaso amplíe esta conciencia, tenemos hoy, frente a nosotros, la decisión de por quién y por qué votar. Es nuestra obligación hacer la reflexión necesaria para actuar en consecuencia. Sea quien fuere el que resulte ganador de la contienda presidencial y sean cuales fueren las proporciones en que las fuerzas políticas integren el Congreso, la legitimidad de la acción de gobierno y de las decisiones legislativas tendrá por respaldo último la concurrencia del electorado a las urnas.
Ahora que los votos se cuentan es necesario aprender el camino para que éstos cuenten cada vez más y mejor. Una primera condición para conseguirlo es ejercer el derecho de votar; enviar a los gobernantes la senal de que su cargo depende de nosotros, de que su actuación debiera estar regulada por los mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad.
No debemos perder de vista en el ejercicio ciudadano de hoy, en la elección más competida de nuestra historia contemporánea, que la democracia en México ha sido tan escasa que, estrictamente hablando, abarca no más de 12 anos desde el nacimiento de México como nación independiente. El camino hacia el fortalecimiento y consolidación de la democracia apenas se ha empezado a recorrer. Pero hemos llegado a un punto de inflexión. La larga travesía para instaurar un sistema electoral democrático, con partidos competitivos entre los que los electores puedan elegir, ha llegado a un momento de maduración. A pesar del excesivo gasto electoral, la prolongada duración y baja calidad de las campanas, la ausencia de candidaturas independientes debidamente reglamentadas, la falta de una segunda vuelta electoral, las limitaciones a las alianzas políticas entre partidos y otras organizaciones, hoy daremos certeza a la integración de los órganos de gobierno del Estado.
Dada la predominancia del principio de mayoría simple en el sistema electoral, la minoría más grande de los electores definirá cuál opción ocupará el gobierno federal los próximos seis anos. Igualmente ocurrirá con el Poder Legislativo; la casi segura repetición, al menos por tres anos más, del gobierno dividido ofrecerá un panorama que obligará a la negociación, pero que también puede conducir a la confrontación. De ahí resulta, a la vez, la fortaleza y la fragilidad del voto.
Una muy alta participación electoral podría cambiar sensiblemente los números ofrecidos previamente por las encuestas electorales, pues todas ellas fueron disenadas con base en un cálculo de participación electoral no superior a 60%. Recordemos que en 1994 votó 72% de los electores. Por el contrario, entre más baja sea la afluencia de votantes a las urnas, más raquíticos serán los apoyos en los que se asentará el ejercicio del poder en los próximos tres y seis anos. Menor será la confianza con la que el Ejecutivo hará frente a su diálogo y negociación con el Legislativo y con su entorno federal, y mayores las posibilidades de que en vez de diálogo se produzca una mayor tendencia al conflicto.
Todo indica, empero, que hoy los ciudadanos saldremos a votar en gran número para manifestar nuestra decisión política de quién queremos que gobierne. Ojalá y así sea. Está en juego el rumbo del país y, en particular, está comprometido el futuro de la construcción inacabada de un sistema de gobierno democrático.
La fragilidad mayor del sufragio como institución central de la democracia consiste en que si bien la minoría más grande decidirá quién ocupe el poder, aún es muy difícil que los que llegan a él rindan cuentas a los ciudadanos en forma clara y con responsabilidad contundente. Nadie debe escandalizarse de la corrupción; no hay gobierno en el mundo en el que no exista. Nadie es perfecto. Lo que es inaceptable es que la corrupción sistemática no haya sido erradicada. Ni la evidencia a la vista, ni las cifras, ni los sistemas creados para rendir cuentas convencen de que esta lacra haya quedado atrás.
No debe escapar a nuestra reflexión de hoy frente a la papeleta electoral que la democracia como sistema de decisión pública apenas empieza a ser edificado en México. Las fuerzas políticas, cada una en mayor o menor medida, han postergado decisiones para cambiar un sistema de gobierno que fue creado para ser controlado en su dinámica de conjunto desde la Presidencia.
La incapacidad de llegar a acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo no se debe solamente a falta de voluntad o claridad estratégica, aunque estos han sido factores importantes. Se debe principalmente a que no hay reglas jurídicas vinculantes que fuercen a los poderes de la Unión a la concurrencia en las decisiones que son fundamentales. Persiste como condición para el consenso el dominio del presidente sobre el Congreso.
Lo mismo pasa con el sistema federal: los estados de la República dependen en proporciones exorbitantes de las contribuciones federales de una hacienda pública concentrada en el Ejecutivo. La capacidad del Estado para hacer justicia gravita aún en un Ministerio Público concebido para el premio y el castigo, no para hacer cumplir las leyes ni para ajusticiar a los funcionarios que viven de y en la impunidad.
No hay nada más importante en la decisión política de los ciudadanos este día que ratificar la vocación democrática para convertir al gobierno en responsable ante los ciudadanos, únicos soberanos del Estado.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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