La revelación de que existen varias mafias para la venta de datos personales, sustraídos de bases públicas y privadas, ha generado una enorme indignación entre la sociedad, que ahora encuentra más justificada que nunca su reticencia a proporcionar información, incluso a las autoridades. Se trata de una crisis de confianza que sólo podrá superarse con instituciones que devuelvan la credibilidad perdida, con tiempo y muchas muestras de congruencia.
Matrículas de universidades, padrón electoral, registro vehicular. El último capítulo de esta historia involucra a los contadores públicos. En Internet ofrecen por menos de 6 mil pesos las bases de Aguascalientes, Cancún, Guanajuato, Veracruz y DF. øQué sigueú øMédicosú øAbogadosú øPeriodistasú No hace falta decir que estas fugas representan un riesgo más allá de la seguridad física de los particulares.
Lo que se espera a estas alturas ya no son más pronunciamientos de preocupación de legisladores y funcionarios gubernamentales, sino estrategias que reviertan la vulnerabilidad de nuestros datos, primero, y después, la crisis de confianza de la población hacia el Estado mexicano.
Hay que empezar por lo obvio. En México tenemos años de retraso respecto de otros países en la publicación de una Ley de Protección de Datos. La minuta respectiva se encuentra en este momento en espera de aprobación en el Senado. La propia Cámara de Diputados urgió hace dos días a los senadores para que avalen cuanto antes la iniciativa; sería incomprensible que ello no sucediera antes del final del actual periodo de sesiones parlamentario.
Ya con las bases legales para perseguir esos delitos, la Procuraduría General de la República tendría que robustecer a su policía cibernética, pues las mafias tienen su soporte, publicidad, así como el rastro de sus actividades en la red y las tecnologías de la información.
Mientras tanto, si se busca una institución en funciones, autónoma, que conozca de la materia y cuente con cierta credibilidad, sin duda el IFAI es la mejor opción. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública tendría la función de velar por nuestros datos personales y, en el camino, mostrarle a la ciudadanía que sí se puede proteger su información y, por tanto, no debe temer en proporcionarla. Esta será una función clave, ya que ningún gobierno puede elaborar políticas públicas eficaces si no cuenta con indicadores confiables de la población objetivo.
Con estas acciones, que simplemente requieren de voluntad política, se pueden dar los primeros pasos hacia la reconquista de la confianza ciudadana. No hay tiempo que perder.
(El Universal)
