La ley del Sistema Anticorrupción en el estado establece que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que regirá dicho sistema, deben pertenecer a la sociedad civil y no trabajar en el gobierno o aparato burocrático, sin embargo, dos miembros de este organismo laboran en la Auditoría Superior del Estado, ante lo anterior la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local, Ana Laura Romero Basurto se deslindó de haber participado en esta selección.
Cabe mencionar que según el acuerdo dado a conocer de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana; José Alberto Sánchez Ozuna es funcionario de la Unidad Anticorrupción e Investigación, y Ricardo Ríos Zenteno es jefe de la Unidad de Transparencia, de la ASE que preside Uriel Estrada Martínez.
Al respecto, la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, explicó que la participación del Legislativo en la creación del Sistema Anticorrupción concluyó con el nombramiento de la Comisión de Selección, hecho en septiembre del año pasado, convirtiéndose así en un organismo colegiado autónomo.
Sin embargo, dijo que ningún diputado intervino en los procesos que dicha comisión estableció para elegir a los miembros del Consejo Ciudadano, que consistió en varios filtros de evaluación; y la decisión final no es ratificada por el Congreso del Estado y por ninguna otra instancia, porque no lo establece la ley.
Mencionó que únicamente en el supuesto de que uno de los miembros de la Comisión de Selección o uno de los seleccionados impugne la decisión final, ante las instancias federales correspondientes, podría intervenir nuevamente el Legislativo estatal para demostrar cómo fue la elección de la Comisión de Selección, no del Consejo de Participación Ciudadana.
Recordó que el pasado 27 de junio de 2019 el Congreso del Estado designó a la Comisión de Vigilancia, para realizar el procedimiento estipulado en la ley, en su artículo 17, fracción primera, para constituir la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana.
Con base en esta facultad se emitió una convocatoria pública donde participaron instituciones de educación superior, organismos no gubernamentales y otros. Se podían registrar personas con experiencia en fiscalización, rendición de cuentas y contabilidad.
Recordó que fue la pasada legislatura la que inició estos trabajos pero quedaron a medias, por lo que en esta nueva etapa se retomó el proceso y se dejó a salvo los derechos de las personas que se registraron en la primera convocatoria.
El proceso de selección concluyó el 20 de septiembre, resultando elegidos siete ciudadanos, cuatro de instituciones de educación superior y de investigación, así como tres de organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, donde se colaron los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado.
