La aprobación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 por parte del Congreso local no exime a ningún funcionario de cualquier nivel que haya ejercido recursos públicos, de responsabilidades jurídicas o incluso penales en caso de que hayan incurrido en irregularidades en el ejercicio de su presupuesto.
Al respecto, la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso, destacó que la facultad del Poder Legislativo es aprobar en lo general la Cuenta Pública haciendo algunas observaciones, lo cual ocurrió el pasado 23 de mayo en sesión virtual del pleno.
El dictamen aprobado se remite a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que realice la fiscalización y todas las auditorías correspondientes a cada dependencia y órgano que haya erogado recursos públicos.
“No significa que porque el Congreso haya aprobado en lo general la Cuenta Pública, los titulares de las dependencias, órganos y demás instituciones que ejercen recursos públicos estén eximidos de responsabilidades en caso haber un gasto irregular”, declaró.
Enfatizó que todo ente que ejerce recursos públicos tiene la obligación de transparentarlos y rendirle cuentas a la autoridad fiscalizadora, para que abran la cuenta pública donde se demuestra en qué fue gastado ese recurso.
La ASE deberá cumplir con todas sus facultades en el análisis, presentado los informes generales e individuales en tres momentos a partir de que recibe el decreto aprobado por el Congreso; “estaremos atentos a los informes que tendrá que remitir a este Poder Legislativo”.
Durante la sesión del pleno del Congreso, se destacó que el Gobierno estatal no contrató deuda pública en el 2019, sin embargo, algunas diputadas hicieron algunas observaciones en cuanto a que 16 dependencias habían gastado más recursos de los que se les etiquetó en el presupuesto de egresos.
En ese sentido, la legisladora Romero Basurto explicó que el presupuesto de toda dependencia y municipio es flexible, ante cualquier emergencia que se presente y justifique el gasto extraordinario, basados en lo que autorizan la Ley de Disciplina Financiera, la Ley Hacendaria y el decreto que publica el Congreso sobre la Ley de Ingresos.
Remarcó que los presupuestos son flexibles, es decir que pueden incrementarse siempre que sea justificado bajo solicitud expresa. Esto se establece en la Ley de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2019, que en su artículo 19 dice que podrá ampliarse el presupuesto de cada organismo público cumpliendo con los términos establecidos.
La diputada destacó que el Gobierno estatal no contrató deuda pública durante el 2019, y además logró una disminución del pago de intereses de la deuda pública que recibió de los gobiernos anteriores.
Sumado a esto, puntualizó que la Ley de Ingresos 2019 presentó un incremento de 5.1 por ciento, lo que significa que hubo un excedente en ingresos, que de acuerdo a la Ley de disciplina financiera se pueden redireccionar a otras dependencias previa justificación.
Reiteró que todos esos recursos públicos erogados que no estaban contemplados la Ley de Egresos, también deben ser presentados en la cuenta pública para que sean fiscalizados por la ASE, que trabaja en coordinación con el Congreso local, a través de la Comisión de Vigilancia y de Hacienda, las cuales deben presentar los informes ante el pleno.