Con el objetivo de proteger la democracia interna de las organizaciones laborales y combatir prácticas de intervención indebida, el Congreso de Chiapas aprobó el fin de semana reformas que tipifican como falta administrativa grave la injerencia de servidores públicos en procesos sindicales.
La diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social, detalló que las adiciones al artículo 62 BIS de la Ley del Servicio Civil y al artículo 64 BIS de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado “establecen límites precisos, reglas definidas y consecuencias efectivas para quienes servimos al Estado”, particularmente cuando el ejercicio del poder público invade la vida interna de los sindicatos.
“Esta iniciativa conecta la ética laboral con la responsabilidad administrativa”, señaló Negrón Sánchez desde tribuna.
“La injerencia mediante presión, uso de recursos públicos o favoritismo en procesos sindicales será considerada una falta grave. Esto no es una amenaza, sino una garantía para la democracia sindical”, puntualizó.
Objetivo
La reforma busca evitar, coaccionar o inducir a trabajadores para participar o abstenerse en campañas o votaciones sindicales, condicionar servicios institucionales, licencias, permisos o apoyos laborales al voto o apoyo a una planilla.
Ofrecer beneficios laborales, ascensos o promociones a cambio de apoyo sindical, utilizar programas sociales, instalaciones, vehículos o infraestructura pública con fines de proselitismo gremial.
Alterar la neutralidad institucional o aplicar represalias por no apoyar determinada opción sindical.
Los legisladores enfatizaron que, con estas modificaciones, se privilegia la democracia interna de las organizaciones y se pretende erradicar la intervención institucional en cualquier área de la vida sindical.
La reforma fortalece la autonomía del sindicalismo al incorporar herramientas legales que buscan frenar la corrupción, erradicar vicios del pasado y sancionar cualquier intromisión que atente contra la libertad de asociación y los derechos de los trabajadores, contribuyendo así a una gestión pública más transparente.
