En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales el próximo 28 de enero de 2022, el Poder Judicial del Estado (PJE), a través de la Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura, continúa robusteciendo los mecanismos que se han establecido desde el año 2019, así como los protocolos respectivos para garantizar la protección de datos personales a los que toda persona usuaria de la justicia tiene derecho.
Es así que las personas justiciables pueden contar con las condiciones para la salvaguarda de la información que se vierte en todos los procesos jurisdiccionales y para lo cual, las y los juzgadores, al inicio de los juicios de la materia que corresponda, hacen del conocimiento de las partes sobre el tratamiento del que será objeto la información confidencial que es necesaria para el desarrollo de las etapas procesales.
De igual forma, tanto en los distintos órganos jurisdiccionales como en las áreas administrativas se lleva a cabo la actualización integral de los avisos de privacidad, con el objetivo de cumplir cabalmente con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y establecer desde el inicio la cadena de custodia respectiva que asegure una adecuada y pertinente captación, protección, tratamiento y almacenamiento de los datos personales e información confidencial, cumpliendo así con los “Principios y Deberes para la Protección de los Datos Personales”, establecidos en la ley de la materia.
La actualización integral de los avisos de privacidad va acompañada de un programa de capacitación y constituye la base para el desarrollo del documento de seguridad, el cual engloba, entre varios aspectos, el análisis de la seguridad física de la información confidencial y datos personales, la sistematización para lograr un almacenaje seguro y operable, y la delimitación del personal responsable para contar con las condiciones óptimas para el tratamiento de la información.
Asimismo, el Poder Judicial del Estado ha consolidado un proceso de revisión y protección de datos personales en los contenidos de las sentencias y resoluciones, logrando de esa forma que toda la sociedad pueda conocer las versiones públicas con la plena seguridad de que los datos personales y sensibles se encuentran debidamente salvaguardados.