Los abogados bilingües hablantes de lenguas indígenas de la delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, realizaron en el periodo 2020-2021 cerca de 648 representaciones en materia penal, además de 64 asesorías jurídicas en diferentes materias, así lo dio a conocer Adriana Rivas Ramírez, asesora jurídica de este organismo.
Este instituto es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que se encarga de brindar servicios de defensa penal y asesoría jurídica gratuita a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Atienden casos de competencia federal, en materia penal, civil, mercantil, fiscal, laboral, ambiental, entre otros.
Para la atención a personas indígenas, el instituto cuenta con un cuerpo de 121 abogados bilingües, originarios de pueblos y comunidades de cada estado del país, quienes apoyan en los casos que se necesiten. Hay defensores públicos, jurídicos y oficiales administrativos que se dividen de acuerdo con las materias que atienden.
Indicó que hay disposiciones constitucionales como tratados internacionales, los cuales obligan al Estado a otorgar un intérprete o un traductor a una persona, en su lengua materna, cuando enfrente un proceso penal por cualquier delito.
A partir del 2019 aumentó la cobertura de atención a estos grupos poblacionales, pasando de 46 abogados a 121 actualmente, con los que también se aumentó las lenguas indígenas en las que brinda atención; en ese entonces sólo atendían a 39, y ahora en 148 variantes lingüísticas, que están publicadas en la página oficial.
El instituto tiene 32 delegaciones, una por cada entidad federativa. De acuerdo con la estructura y las densidades poblacionales se asigna el personal, garantizando que haya dos o tres abogados bilingües en cada estado y más en donde haya mayor población indígena.
