En Chiapas todos los delitos en agravio de menores de edad son sancionados con cárcel, sin embargo, se requiere de la colaboración de ciudadanía en denunciar cualquier situación o entorno de riesgo que involucre a niños y niñas y adolescentes, indicó la subdirectora del Área de Judicialización de la Fiscalía de la Mujer del Estado, Sandra Jiménez Jiménez.
Explicó que en el caso de violencia familiar se castiga con una pena de cinco a ocho años de prisión, mientras que la pederastia de 10 a 50 años.
El delito de violación se castiga con entre ocho y 30 años de prisión, el abuso sexual de seis a 18, la pornografía infantil de cinco a 28 años, el hostigamiento sexual de uno a tres y el acoso sexual de uno a cuatro años de cárcel.
El delito de pederastia aplica en menores de 14 años de edad, y se toma como supuesto cuando un adulto impone copulo a un menor, que realice actos sexuales, que lo obligue a realizar publicaciones de contenido sexual o acosarlo.
En estos delitos el mayor número de denuncias que reciben en la Fiscalía los agresores resultan ser familiares cercanos, abuelos, tíos, padrinos, incluso los papás, o personas de confianza como maestros.
Por ser un delito grave sí amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, que si la autoridad considera que existen elementos suficientes para poder llevar el asunto ante un juez de control, y este decide que queda sujeto a proceso, la persona agresora lo seguirá en prisión.
En la violencia familiar no existen los acuerdos reparatorios, que es cuando las dos partes tienen la voluntad de llevar a cabo un convenio y dirimir la controversia, dado que las víctimas son menores de edad, por lo tanto las autoridades deben continuar con la investigación.
Este delito no amerita prisión preventiva oficiosa, sin embargo, hay casos específicos en los que si la integridad física, emocional o la vida del menor, o que exista riesgo de sustracción de la persona investigada, se puede solicitar la prisión preventiva justificada.
Por lo general los delitos cometidos en agravio de menores de edad se persiguen de oficio, porque ellos necesitan de una mayor protección por parte del Estado, por ello procede aunque la denuncia provenga de una persona externa a su núcleo familiar.
Exhortó a la población a denunciar ante la Fiscalía si son testigos de una situación de violencia contra menores o entornos de riesgo, para que los profesionales atiendan el caso de forma inmediata.
En muchos casos la población se resiste a colaborar, lo que han documentado en algunas investigaciones, en las que los vecinos sabían del maltrato contra un menor y no lo denunciaron, incluso dicen que no quieren participar porque no se quieren meter en problemas.
