En febrero de 2018 se presentó un acontecimiento lamentable en uno de los albergues que se ubican en el municipio de Zinacantán, Chiapas: una niña indígena tzeltal, en ese entonces de 10 años, fue abusada sexualmente por su maestro y, quienes acompañan el caso, aseguran, no se han brindado las atenciones adecuadas.
Originaria de Oxchuc, en la actualidad tiene 11 años de edad; a pesar de ser víctima de abuso sexual, no ha tenido un apoyo integral para la reparación de los daños.
La estudiante de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, Kelly Gabriela Valencia Calambás, para cuidar la integridad de la afectada, nombró el caso con las siguientes siglas: “GGS”.
Para visibilizar el tema acudió a este medio de comunicación y expuso que ahora trabaja en un litigio estratégico, que consiste en tres medios de defensa: jurisdiccional, no jurisdiccional y de la sociedad civil.
Apoyo
El caso llegó a ella gracias al apoyo de Melel Xojobal, organización que se ha encargado de proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes indígenas en San Cristóbal de Las Casas. El siguiente paso fue un acuerdo entre la familia para que la menor de edad recibiera el acompañamiento.
La psicóloga de profesión comentó que en el albergue donde están los infantes, muchos de ellos sólo van a sus hogares en temporada de vacaciones. En este contexto se dio que “GGS” fue invitada a la habitación del maestro, donde pasó todo el día de aquel sábado 17 de febrero, tiempo en el que el docente abusó de la niña.
Durante la defensa del caso, puntualizó, la niña no ha tenido el beneficio que dan las legislaciones o la normatividad mexicana, pese que existe un reconocimiento en nuestro país que este sector de la población es de especial protección.
Protocolo
La menor de edad, al ser víctima de un abuso sexual, requiere de una atención especializada, sin embargo, el acompañamiento de las autoridades no ha sido el adecuado; ahora, dice Valencia Calambás, la niña se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.
Después de lo ocurrido no hubo restitución de derechos en educación y salud, entendida como el bienestar de sus condiciones físicas, pero también lo comprendido en salud mental, siendo el aspecto que más se ve afectado ante este tipo de hechos victimizantes.
Contexto
“GGS” es una niña que proviene de una familia monoparental, es decir, no cuenta con su padre, siendo su mamá la única responsable del cuidado y manutención del hogar; sin embargo, por sus condiciones de pobreza, ella ha tenido que desplazarse a San Cristóbal de Las Casas par ejercer sus labores como auxiliar de enfermería.
La psicóloga describió que, aunque los expedientes afirman que la afectada fue valorada en el aspecto psicológico, en los documentos también se establece que tiene que llevar psicoterapia, pero no se han cumplido los protocolos que protejan la salud integral de la agraviada.
Lo que ha observado dentro del acompañamiento del caso, dijo, es que se tiene que evitar que la niña sea atendida por un terapeuta hombre, para evitar procesos de transferencia y se pierda la objetividad del acompañamiento terapéutico.
“Fue atendida -la niña- por un psicólogo, que al parecer no tiene muy claro cómo es atender a niñas víctimas de abuso sexual”.
Cuando se trabaja en acompañamiento terapéutico con personas que fueron abusadas sexualmente, se evita al máximo tocar a las personas, ya que su cuerpo ha sido altamente transgredido y esto genera más afectación o confusión en las víctimas.
Situación
Lamentable, estos casos pasan con frecuencia no sólo en zonas indígenas, pues este flagelo no respeta grupo étnico, religión o condición socioeconómica. La violencia sexual infantil se ha convertido en una problemática grave; y citó que desafortunadamente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, con base en los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Para el caso de Chiapas, mencionó que el contexto cultural ha hecho que, hablar de educación sexual con los infantes, sea un asunto que se evite, pese a debe ser un tema importante, ya que los niños y niñas están en la capacidad de comprender, se les tiene que educar con respecto a sus cuerpos, enseñándoles que nadie debe tocar sus partes íntimas.
Lo que ahora se espera del caso de “GGS”, es que puedan dar la transformación del derecho, que impulsen la creación de protocolos específicos para atender y en especial prevenir casos de abuso sexual en contextos escolares indígenas, que se dé un reconocimiento del problema por parte de las autoridades a fin de establecer mecanismos de sensibilización sobre estos conflictos.
“Mi objetivo con esta defensa es: posibilitar que los derechos humanos de los niños y de las niñas, realmente, pasen del discurso a la práctica; se necesita también que se hagan real las acciones positivas en pro de la protección de los niños y de la niñas”, finalizó la psicóloga.
