Los gobernadores electos el pasado 4 de julio asumirán sus cargos, en promedio, seis meses después de concluidos los comicios. ¿Se necesita medio año para una transición? Obviamente no, y así lo demuestra la experiencia nacional e internacional. Para lo que sí sirve ese largo periodo es para ocultar posibles corruptelas de los gobernantes salientes, colocar en las burocracias la mayor cantidad de amigos posible y desatender las obligaciones del Ejecutivo estatal para que sea el siguiente gobernador -en caso de pertenecer al partido opositor- quien herede los problemas.
Aguascalientes, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, estados donde triunfó la oposición, tendrán las tomas de protesta más lejanas a los comicios. En el caso de Sinaloa, siete meses tras el 4 de julio y en Puebla ocho meses. Tiempo suficiente para borrar huellas, reforzar cuotas de poder y crear conflictos al gobierno entrante.
Un argumento a favor de tan larga transición es que de esa manera puede hacerse un cambio de administración ordenado y pacífico. En los hechos, es al contrario.
En la capital de Oaxaca y su zona conurbada 400 mil personas se quedaron sin servicio de transporte por la exigencia de las empresas camioneras de recibir un aumento en las tarifas. Si bien el caos no necesariamente se explica por negligencia de la administración saliente de Ulises Ruiz, la gestión del conflicto sí determinará el margen de maniobra del gobierno entrante, ¿qué necesidad de dejar en manos del derrotado el futuro de la entidad? Por eso en otros países, como Estados Unidos, el periodo de transición no dura más de unas semanas, salvo en la elección presidencial.
La resolución de impugnaciones ante el Tribunal Electoral federal no es un pretexto para tan largo periodo de transición. En Hidalgo, por ejemplo, la toma de posesión será hasta el 1 de abril de 2011, diez meses después de la elección. El tribunal federal sólo necesitará hasta el 20 de agosto para resolver todas las quejas.
Si sumamos a este absurdo la duración de las campañas tenemos un lapso de un año entre campañas y toma de posesión. Se trata de un periodo muerto en donde los programas de gobierno y las reformas legislativas quedan truncadas ya sea porque los partidos privilegian las pugnas electorales o porque todos esperan a que el gobierno entrante resuelva los problemas pendientes.
En ningún otro país del mundo hay campañas ni periodos de transición que duren seis meses. En plena guerra contra el crimen organizado, en medio de una crisis de empleo y con una constante parálisis legislativa, México no puede darse el lujo de perder el tiempo de esta manera. Los ciudadanos no se lo merecen. (El Universal)
