"Hasta por simple desventaja numérica, conviene al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, que los gobernadores de los estados no intervengan en el proceso electoral, pues los mandatarios son únicamente cinco de los 32 que hay en el país.
Por tanto, es positivo el llamado que el candidato del Partido de la Revolución Democrática y sus aliados, Partido del Trabajo y Convergencia, hizo a los gobernadores correligionarios en el entorno de su registro ante el Instituto Federal Electoral y que se conoció ayer.
En el pasado reciente no había recato en ello, sino al contrario, se hacía ostentación del apoyo que los candidatos tenían del poder instituido de donde habían emanado, y no se senalaba ningún delito cuando se aludía a los aspirantes en pugna como ""el candidato del Presidente"" o ""el candidato del gobernador"". Eso constituía un activo, no una rémora.
Hoy, por fortuna es diferente. Ahora, en aras de la equidad, por una parte, y de la exigencia de no distraer tiempos, espacios, recursos ni estructura que están destinados al servicio público, en la satisfacción de las necesidades de campana de los candidatos del partido del gobernador, hay que evitar ese sucio vicio. Quien lo cometa incurre en responsabilidades graves, en interferencias indebidas y desnaturaliza al mismo tiempo sus funciones oficiales y el proceso electoral.
Los gobernadores o jefe de Gobierno no pueden tener ""tiempo libre"", pues su designación es, precisamente, de tiempo completo en favor de su responsabilidad gubernamental.
Ese llamado, hecho en privado a los gobernadores del PRD, es imperativo legal y ético. Y también lo es para todos los gobernadores de otros partidos políticos y para todos los funcionarios públicos, los presidentes municipales e, incluso, el Presidente de la República.
Por supuesto, en general no son tan ingenuos nuestros políticos como para arengar en los mítines a favor de sus candidatos, pero sí tienen modo de acercar materiales, canalizar dinero, comisionar burócratas e inflar los logros de su administración si consideran que de ese modo pueden favorecer las campanas de sus partidos. Estas formas sutiles -y no tanto- son igualmente indebidas por el propósito espurio de contribuir en un triunfo que no solamente ayuda a su partido, sino que le permite al mismo funcionario esperar compensaciones políticas inmediatas.
La inequidad danó durante casi todo el siglo XX las campanas presidenciales. Los candidatos oficiales tenían a su disposición toda la estructura de gobierno para convertirse en iconos en menos de un ano. Los adversarios no existían, prácticamente, y sus concentraciones parecían más exiguas que lo que eran junto a la movilización que la gran aplanadora podía lograr con interminables convoyes de autobuses y camiones.
Si algo tiene que cambiar en este país es ese monstruoso derroche de fondos públicos.
La sospecha de indebido uso del poder público para favorecer candidatos debe ser castigada con el voto en contra de los ciudadanos, mientras se formulan penalidades mayores para los beneficiados, poniendo en duda, incluso, los resultados electorales.
Es éste un asunto de la mayor seriedad y trascendencia. Es inadmisible conformarse con una mera formalidad electoral democrática si detrás de ella hay maquinaciones que inducen los resultados. Eso y una farsa son exactamente lo mismo.
Los gobiernos de los estados, los funcionarios de cualquier nivel y toda autoridad, de cualquier partido, no deben intervenir en los procesos electorales en beneficio de ellos mismos.
Cualquier intromisión de esta naturaleza no sólo perjudica su credibilidad y ética política, sino que afecta al país y a la consolidación de su democracia. (El Universal).
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