Aunque administraciones pasadas fueron omisas en las atenciones a los desplazados de Chiapas, Diego Cadenas Gordillo, activista en materia de Derechos Humanos, reconoció que se ha empezado a cumplir con la entrega de alimentos de manera suficiente y a tiempo, para las personas que se encuentran en una situación vulnerable.
Uno de los aspectos más importantes, explicó, es que está el planteamiento hacia las autoridades que las familias regresen a sus comunidades, aunque se trata de una acción que puede dar resultados a mediano plazo.
Celebró las sesiones que se han llevado a cabo con el Consejo para la Atención del Desplazamiento, en la que han asistido los titulares de las dependencias gubernamentales involucradas en el tema.
No obstante, dijo que falta que se elabore el reglamento para que la Ley se aplique al 100 por ciento; es fundamental, porque en el escrito se incluirán las medidas de prevención y se eviten más actos arbitrarios.
El activista mencionó que le han hecho planteamientos al titular del Poder Ejecutivo, los cuales están centrados en que la atención a los desplazados deben estar regidos por el Marco Internacional en materia de Derechos Humanos.
Dijo que estas propuestas fueron bien recibidas (al menos de manera verbal) y, lo más urgente, es que los desplazados tengan garantizado el derecho a la salud, a la educación, trabajo y la alimentación.
El problema de los desplazados no se limita a las zonas indígenas de Chiapas; incluso, se han reportado denuncias de personas que fueron despojados de sus tierras en la capital del estado.
“Estamos todavía en el primer paso de atender las necesidades de vivienda, de alimentación y salud”, agregó. Todas estas acciones, calculó, se dan a 333 personas de los municipios de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo; no obstante, aclaró que este grupo son los que atienden desde el centro Ku’ Untik, porque hay más desplazados en Huixtán, Chalchihuitán, Aldama, Oxchuc y San Cristóbal de Las Casas.
Finalmente, Cadenas Gordillo lamentó el papel que ha tenido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) con los temas de los desplazados, pese a las recomendaciones que han emitido a nivel nacional sobre dicho tema.
