El grupo de trabajo “No estamos todxs” informó que a 42 días del inicio de huelga de hambre por parte de seis indígenas recluidos en tres penales del estado, quienes argumentan que fueron torturados para inculparse de delitos que no cometieron, además afirmó que el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se comprometió a revisar sus expedientes y atraer los casos a la instancia única del país operada por el Tribunal Superior de Justicia denominada Mesa de Reconciliación.
Esta acción se realiza de forma simultánea ante el llamado de organizaciones de la sociedad civil del país y de derechos humanos que presentaron ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, un informe conjunto documentando de crímenes por rotura y tratos inhumanos cometidos por el estado, en contra de población vulnerable. Incluidos los testimonios de los presos en huelga de hambre en Chiapas.
El grupo indicó que el encuentro pretende evidenciar y denunciar una vez más el uso sistemático de esta práctica, que engloba la tortura sexual, física y psicológica y plantear estrategias para erradicarla.
Las organizaciones, entre ellas “No estamos todxs” y el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, indicaron temas transversales relacionados con la tortura como el desplazamiento y desaparición forzada, así como la detención arbitraria empleada regularmente por policías y miembros del sistema de justicia mexicano, tal y como reafirma en su informe especial Amnistía Internacional.
Expresaron que un porcentaje muy importante de los casos registrados se da entre los grupos sociales más vulnerables como son las poblaciones campesinas, indígenas y/o pobres, según el patrón “detención arbitraria-tortura-producción de pruebas ilícitas-proceso penal (y posible condena) a la víctima”.
Por tanto, la situación de encierro arbitrario que padecen miles de personas en México; entre ellos, 13 indígenas de Chiapas, es consecuencia directa de la aplicación de la tortura en el momento de su detención, con la finalidad de fabricar pruebas incriminatorias y arrancar declaraciones autoinculpatorias.
El grupo de trabajo, organismo que acompaña el caso, expresó que esta acción extrema, que pone en riesgo su propia vida, se da ante la impasividad del sistema de justicia mexicano por revisar sus expedientes repletos de graves violaciones al debido proceso jurídico.
Sin embargo, en el caso de los seis indígenas que mantienen la huelga de hambre a 42 días de haberla iniciado, han conseguido llamar la atención de las autoridades para realizar una escrutinio de su situación jurídica. Sin embargo, depende de la voluntad estatal por investigar a las autoridades responsables y condenar este tipo de prácticas, ha sido cuestionada y denunciada en innumerables ocasiones.
“Se suma la dificultad de demostrar el uso de la tortura cuando no hay registros de la misma, debido a que no consta en las declaraciones por coacción de los detenidos, ni suele ser documentada como tal por los peritajes médicos realizados por la PGR”, señaló el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
