Grupos armados que son simpatizantes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), impiden la gobernabilidad en el municipio de Bochil, toda vez que desde el 1 de octubre bloquearon los accesos a la presidencia, denunció Gildardo Zenteno Moreno, presidente municipal, esto luego de arribar al Congreso del Estado.
De acuerdo con lo mencionado, son seis armas R15 y cuatro pistolas las que tienen los grupos inconformes, mismas que adquirieron hace varias semanas, cuando despojaron de dicho armamento a la policía estatal.
En la zona se mantiene un conflicto postelectoral, tras los resultados que se obtuvieron en la zona y que favorecieron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); desde entonces, los trámites y funciones se han hecho en sedes alternas.
Zenteno Moreno explicó que tuvieron un acercamiento con los representantes de la Secretaría General de Gobierno, a quienes solicitaron que envíen elementos de la policía estatal, para dar tranquilidad a los habitantes y el problema quede resuelto.
De igual forma se reunió con integrantes del nuevo gobierno electo, por lo que confía que en el mes de diciembre el problema se resuelva con la aplicación del Estado de Derecho.
No han podido hacer frente a las personas armadas que están en la presidencia municipal, porque en la zona los uniformados no cuentan con ningún tipo de arma.
Los inconformes, de acuerdo con el entrevistado, piden la creación de un Concejo Municipal, situación que ya no es viable porque fue electo a través de las urnas; sin embargo, también le exigen dos millones de pesos mensuales al alcalde para las ferias, pero no se cuenta con ese recurso.
Los conflictos postelectorales en ese Ayuntamiento generaron dos ataques con armas de fuego al presidente municipal; el primero ocurrió sobre la avenida central; el segundo, muy cerca del panteón.
Derivado de esta situación, desde el mes de octubre acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar los hechos, por lo que ya existen carpetas de investigación de ese caso.
Comentó que los trabajos a favor de los habitantes se han hecho en colonias aledañas, porque es muy difícil ingresar al municipio por la vigilancia y retenes que hacen los grupos armados.
Finalmente, consideró que este problema se mantiene activo porque la administración estatal ya se va y no hay instancias que apliquen el Estado de Derecho y no hay seguridad, porque al ingresar en la zona se cobra entre 200 y 300 pesos por vehículo.
