Aunque se anunció con la finalidad de disminuir los índices delictivos en nuestro país y para reestructurar la forma de brindar seguridad a los mexicanos, hasta el momento a quienes integran la 67 legislatura no les han informado la fecha exacta en la que la Guardia Nacional comenzará a funcionar en Chiapas, declaró Olga Luz Espinosa Morales, presidenta de la Comisión de Zonas Fronterizas y Limitrofes.
De las nuevas discusiones con la implementación de la Guardia Nacional, dijo la única perredista en el Congreso Local, es que la persona que coordine todas las tareas de seguridad no sea del mando civil, por lo que no se puede pasar por alto ninguna Ley emitida para el bienestar de la población.
“Lo que se pretende -con el proyecto- precisamente, es generar estrategias junto con las mesas de seguridad, para evitar todo lo que sea índices de criminalidad y esperemos que funcione”, puntualizó Espinosa Morales.
La legisladora mencionó que esta acción del orden nacional tiene que funcionar, porque no se trata solamente del voto de confianza que tuvo la Cámara de Diputados, ni del voto de confianza que tuvo la oposición en el Senado, es el reflejo de las organizaciones civiles y en materia de derechos humanos que también dieron “luz verde”, para crear este proyecto que abarcará a todo el país.
Recordó que el objetivo para crear la Guardia Nacional, es para disminuir los índices delictivos que hay en el país y los primeros números arrojados en el 2019, explicó, son los más violentos en la historia de México, con dos mil 500 homicidios mensuales.
En otro orden de ideas y con respecto a los feminicidios que se están presentado en la entidad, la legisladora local consideró que la Alerta de Género emitida en el 2016 no ha funcionado, pese a la inversión de recursos.
Sobre este tema, opinó que existen dos elementos fundamentales; el primero, todas las leyes relativas a determinar la violencia de género; la segunda, tiene que ver con el Presupuesto de Egresos de la Federación, de donde se limitó el recurso a favor de las mujeres, es decir, el problema pasó a un segundo plano para las autoridades.
