"Antes, cuando México vivía en la oscuridad autoritaria, reinaba la impunidad. Eran castigados los funcionarios sólo si caían de la gracia presidencial o perdían el cobijo de sus padrinos políticos. Hoy que supuestamente estamos en la era de la luz democrática, la impunidad permanece intacta y quizá haya crecido.
Es contradictorio porque durante los últimos tres lustros hemos visto la creación de instituciones de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de recursos que han servido para alimentar sendos escándalos políticos, pero no para encontrar y sancionar a los responsables. Más que nunca antes sabemos sobre los delitos cometidos. Gracias a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a los órganos de control interno es fácil arrojar luz sobre lo ilegal y lo corrupto. El problema es que los legisladores no dotaron a estos órganos de las herramientas necesarias para ir más allá de la denuncia.
Sin ""dientes"" para llevar hasta las últimas consecuencias las valiosas investigaciones, el castigo se esfuma o no encuentra responsable sobre quién aplicarse. El ejemplo más alarmante es el de la Auditoría Superior de la Federación, que ano con ano presenta denuncias por corrupción bien documentadas ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República y, sin embargo, las recomendaciones pronto son puestas bajo el tapete.
Para completar el herramental necesario en la lucha contra la impunidad, la Auditoría Superior de la Federación necesita capacidad y autonomía punitivas. Requiere fuerza propia para no depender de la buena voluntad de terceros y también para proteger su función de los intereses políticos. El Universal
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