Las amenazas, robos, extorsiones, secuestros y demás expresiones de la criminalidad que han proliferado en últimos años, orillan a la sociedad a intentar protegerse a través de la seguridad privada. Pero esta aparente solución es más bien un espejismo. La misma ausencia de controles que hace a las policías tan vulnerables, convierte a los guardias privados en potenciales criminales organizados y paramilitares.
Hay razones justificadas para no confiar en las instituciones de seguridad pública. Hace dos años la Presidencia de la República difundió un abrumador diagnóstico: 49 por ciento, la mitad de los policías federales, estatales y municipales de todo el país reprobaron los exámenes de control de confianza.
øAlguna diferencia con los guardias privadosú Difícilmente, ya que 80 por ciento de ellos son policías en activo, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas. Además, la Confederación Nacional de Empresarios en Seguridad Privada (Conespri) dice que 76 por ciento laboran de manera ilegal.
Si no existe un registro confiable y transparente de las empresas dedicadas a este negocio, y que emplean a policías en activo, menos un mecanismo de certificación que nos permita creer que los guardias privados actuarán bajo el marco de la ley y protegerán a sus clientes. La línea que divide esto de las guardias blancas y los paramilitares es muy delgada.
Algunos poderosos pueden caer en la tentación de querer prevenir delitos en su contra creando sus propios ejércitos privados. Desconocen que sería un balazo en el pie, ya que eventualmente ese ejército se volverá en su contra.
Los guardias privados -127 mil registrados ante la Secretaría de Seguridad Pública federal, 900 mil según cálculos de empresarios- representan un riesgo para la sociedad, incluso para los acaudalados que pueden contratar a sus propios ejércitos privados.
Los legisladores federales reformaron la Constitución hace dos años para que los cuerpos de seguridad pública en el país tuvieran que estar certificados. El problema es que dicha certificación evalúa a personas, no a instituciones. Cada año son despedidos cientos de policías por no aprobar los controles de confianza, pero quienes los sustituyen caen en los mismos vicios tarde o temprano. Si eso sucede en el ámbito público, que está regulado, aunque sea a medias, øqué podemos esperar de hombres que ofrecen sus armas al mejor postorú
Legisladores y gobernantes tendrían que controlar este tema antes de que un problema de registro administrativo y control institucional se convierta en una tragedia de seguridad. (El Universal)
