El gobierno de Guatemala mantiene vigilancia permanente en puntos fronterizos y lugares estratégicos para evitar que se pudieran conformar nuevos grupos para ingresar a su territorio procedente de Honduras y disuadirlos, como ocurrió la noche del sábado y madrugada del domingo, además de realizar recorridos para detectar a quienes burlaron la vigilancia sin cumplir los protocolos de migración y salud, y retornarlos.
En los puntos fronterizos de El Corinto y Agua Caliente, entre Guatemala y Honduras, autoridades guatemaltecas mantienen vigilancia con la finalidad de que quien quiera ingresar cumpla con los requisitos migratorios y sanitarios. De acuerdo a la página oficial del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), han sido retornados más de 600 personas de la caravana hacia territorio hondureño, de donde procedían.
En los puntos fronterizos, como en carreteras a lo largo de su territorio, se mantiene control con grupos de vigilancia conformados por la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y el IGM, para revisiones a vehículos y zonas de caminatas y en su caso, regresar a quienes hayan ingresado de manera irregular procedentes de Honduras, a quienes el gobierno les brinda asistencia humanitaria en el proceso.
La estricta vigilancia se mantiene tras el enfrentamiento del pasado domingo por la madrugada cuando chocaron miembros de la caravana con las autoridades que disuadieron el grupo conformado por hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, venezolanos y cubanos, entre otros, los que se mantienen dispersos.
En su cuenta oficial de Facebook, la defensora de derechos humanos en Honduras, Itsmania Platero, señala que los migrantes siguen ingresando a Guatemala a flujo de goteo, en medio de un gran despliegue policial y militar y se continúa con el retorno hacia Honduras de los migrantes.
Mientras que en las noticias nacionales de Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei dio detalles sobre la iniciativa de ley presentada al Congreso de la República, que busca endurecer penas contra traficantes de personas que en la actualidad son de seis a ocho años para alcanzar de 10 a 30, con agravantes si hay muerte de migrantes y subirla hasta 50 años de prisión, toda vez que, dijo, este es un negocio del crimen organizado que tiene mucho que ver con los cárteles de drogas.