La población hablante de lenguas indígenas en México se ha reducido en los últimos 200 años, ya que pasó de ser un 65 % a un 6.5 % del total de la población, aun así el país es uno de los territorios del mundo con mayor diversidad lingüística.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) estima que quedan poco más de siete millones de mexicanos hablantes de alguna lengua indígena; reporta que se hablan 68 lenguas pertenecientes a 11 diferentes familias lingüísticas, con más de 360 variantes, entre las que destacan el náhuatl, tseltal, mixteco, zapoteco, tsotsil, otomí, chol, entre muchas otras.
En Chiapas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 28 % de la población total habla alguna lengua indígena, pero 14 de cada 100 de ellos no hablan español. Ante la reducción de la población hablante de lenguas indígenas, las instituciones deben hacer valer sus derechos fundamentales.
Lo anterior, lo comentó Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en el conversatorio “Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”.
“Las instituciones, las autoridades, los servidores públicos y la ciudadanía en general, tenemos el deber conjunto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la población hablante de lenguas indígenas”, añadió.
Presencia
Delmar Méndez Gómez, académico tseltal y estudiante del Doctorado en Ciencias Antropológicas, comentó que en Latinoamérica existen 522 pueblos indígenas-originarios. Brasil cuenta con el mayor número de pueblos y lenguas originarias, seguido por México.
Destacó que la Constitución Política, en su artículo 2, dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, por lo que establece el derecho a la libre determinación y la necesidad de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Contenido
Por otra parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, refiere sobre el reconocimiento y la protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas.
Refirió que sobre diversidad lingüística e identitaria existen políticas para el reconocimiento de la diversidad de lenguas originarias, además se establece el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos; por igual hay leyes en materia de comunicación e información que deben promover, desarrollar y preservar las lenguas y culturas originarias.
Sin embargo, sobre los pueblos, territorios y sus hablantes, impera un monolingüismo y la hegemonía del castellano en todos los espacios sociales. Violentan sus procesos autonómicos y sus propias formas de construir la vida.