Hablantes de lenguas originarias, en diplomado

Se trata de una iniciativa académica orientada a garantizar el acceso a la justicia para personas indígenas que no hablan español. Manuel Martínez / CP
Se trata de una iniciativa académica orientada a garantizar el acceso a la justicia para personas indígenas que no hablan español. Manuel Martínez / CP

Con la participación de hablantes de cinco lenguas originarias del estado de Chiapas, inició este viernes en San Cristóbal de Las Casas, el Diplomado en Formación de Traductores–Intérpretes en Procesos Judiciales.

En esta actividad participan más de 140 estudiantes provenientes de 42 municipios de la entidad chiapaneca.

La inauguración se realizó en el auditorio de la Universidad Vasconcelos, con la participación de autoridades locales y estatales. Una iniciativa académica orientada a garantizar el acceso a la justicia para personas indígenas que no hablan español.

El diplomado cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ha acompañado este esfuerzo desde 2021, con el propósito de fortalecer la justicia intercultural y contribuir a la preservación de las lenguas indígenas como patrimonio vivo.

El programa reúne a participantes con 25 perfiles académicos distintos, quienes recibirán capacitación especializada para interpretar en cinco lenguas originarias: tseltal, tsotsil, zoque, ch’ol y mam.

La formación contempla contenidos jurídicos, lingüísticos y culturales, con el objetivo de lograr interpretaciones precisas y pertinentes durante audiencias en los ámbitos estatal y federal.

Durante la inauguración, Sebastián Patishtán Méndez, coordinador del proyecto, destacó que la falta de intérpretes capacitados continúa siendo una de las principales barreras para el acceso a la justicia en comunidades indígenas.

“El derecho no se traduce, se interpreta”, señaló, al enfatizar que esta labor requiere no solo dominio del idioma, sino también conocimientos jurídicos y comprensión cultural.

Asimismo, recordó que existe un mandato constitucional para garantizar este derecho; sin embargo, reconoció que aún no se cumple plenamente.