Los delitos de calumnia, difamación e injuria están en vías de despenalizarse para quedar sólo como materia del Código Civil, que prevé indemnizaciones monetarias para las víctimas. De esta forma, cualquier ciudadano, sobre todo los periodistas, tendrá resguardos legales más fuertes que amparen el ejercicio de la libertad de expresión, al mismo tiempo que los periodistas adquirimos mayor grado de responsabilidad informativa.
Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado formularon un dictamen que libra a los informadores de la prisión, pero no de disculparse y retractarse públicamente, en detrimento de su credibilidad, y de pagar con dinero potenciales excesos. Ningún ciudadano puede ver expuestos su honra y buen nombre por deficiencias profesionales o debilidad moral de quienes carezcan de pruebas para avalar sus dichos.
Es una buena senal la que envía el Senado, ya que quita de periodistas -los más posibles transgresores-, pero también del ciudadano común, la espada de Damocles de la demanda penal que siempre pende sobre quienes emiten denuncias públicas, y al mismo tiempo obliga a que quien acusa lo haga dentro de un marco ético.
Así, libertad de expresión y transparencia informativa se verán beneficiadas.
Por eso es también de celebrarse el dictamen de reforma al artículo sexto constitucional que aprobaron ayer los diputados, por el cual tendrán que homologarse las leyes de transparencia de los estados de la República, de tal manera que todos los habitantes del país accedan a la información pública en igualdad de condiciones y con instrumentos equivalentes a nivel federal.
Reafirmada como un eficaz medio para abatir la corrupción, la transparencia, es decir, la operación abierta y pública del trabajo gubernamental, ha corrido con suerte desigual. En el Distrito Federal, por ejemplo, hubo una cerrazón total para su desarrollo inicialmente, aunque ahora hay avances pequenos, mientras que en otras entidades se han logrado ordenamientos ejemplares. La homologación tendrá que ser hacia las mejores normas, por supuesto.
En el país estamos apenas en la construcción de una cultura de la rendición de cuentas, en la que estuvimos atrasados durante muchas décadas a causa de un régimen político cerrado.
Ahora podemos conocer los sueldos reales de los funcionarios, a tal grado, que ya se descubrió que ministros de la Corte y consejeros electorales ganan más que el presidente de la República, lo que está en vías de ser corregido también por los legisladores.
Es decir, diversas acciones legislativas coinciden en la germinación de ideas que han sido debatidas públicamente desde hace tiempo, que nos llevan a lograr un país mejor informado, con libertades fortalecidas, donde los gobernantes rindan cuentas y donde los periodistas e informadores comuniquen sus hallazgos con responsabilidad y en un estricto apego a la verdad de los hechos. (El Universal)
