Diariamente se suman a Tapachula, en promedio, unos 400 migrantes a través del río Suchiate, en lo que se denomina “migración hormiga”; mientras que por el otro lado, la política de contención implementada por el Gobierno Federal busca contener a las caravanas con la pretensión de mantener cercados a los migrantes en esta región de Chiapas, expuso el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán.
Puntualizó que la mayoría de los migrantes que en la actualidad ingresan a territorio mexicano son provenientes de Haití, cuyo flujo migratorio ha sido mucho más constante, provocados no sólo por los problemas políticos-económicos, sino por los desastres naturales, tales como el terremoto que azotó en días pasados a ese país, y en gran medida por la política de “brazos abiertos” que inicialmente promovió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El activista de derechos humanos de los migrantes señaló que la crisis migratoria ha rebasado la capacidad de las autoridades, y prueba de ello es que la mayoría de los migrantes que ingresan por el río Suchiate avanzan por carretera hacia Tapachula, sin ser detenidos en los puestos de control que el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) tiene instalados en estos tramos.
García Villagrán detalló que a los migrantes les cobran hasta 500 pesos para trasladarlos de la frontera con Guatemala hacía Tapachula, a través de combis o taxis, lo cual puede corroborarse en las terminales de transporte, en donde diariamente llegan familias completas a esta ciudad.
“En ‘operación hormiga’ están ingresando 400 migrantes, la mayoría de Haití, y lo hacen por el río Suchiate. Les están cobrando hasta 500 pesos por persona, y este ingreso lo ven las autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, pero no hacen nada”, abundó.
Indicó que ante el incremento del flujo migratorio en modo hormiga, se estima que en Tapachula se encuentren varados más de 75 mil migrantes de diversas nacionalidades, principalmente hondureños y haitianos, quienes llevan más de ocho meses en espera de sus trámites de regularización.
Respecto al albergue que buscan crear el INM y el Acnur en Tapachula, puntualizó que esta no es la solución al problema migratorio, ya que únicamente generará una mayor afectación social en la ciudad, sobre todo porque la presencia de los extranjeros demanda mayores servicios básicos.
Reconoció que la instrucción del Gobierno Federal es la de no dejar salir a los migrantes de Tapachula, y a pesar de que hay extranjeros que ya cuentan con su documentación, éstos son asegurados, les rompen sus papeles y los envían a la frontera con Guatemala, situación que está provocando una severa crisis en esta ciudad.
