"Heriberto Ortiz * CP. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el resultado de diversas revisiones a la aplicación de recursos del Ramo 33 en varias entidades del país, entre las cuales figura Chiapas.
El Ramo 33, que fue creado en 1997 para ser dirigido a salud, educación y desarrollo social, tiene el objetivo de reducir los índices de pobreza, pero a pesar de ese carácter tan sensible ha sido objeto de desviaciones y subejercicios no obstante que sus recursos nunca pierden su origen federal, por lo que están y estarán sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación; adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene factultad de interponer denuncias en contra de funcionarios de los tres niveles de gobierno que hubieran incurrido en irregularidades. El organismo del Gobierno Federal dio a conocer la existencia en Chiapas de un subejercicio del 40 por ciento, además del desvío de recursos a regiones no prioritarias, pago de obras y personal no autorizado o inexistente, que en conjunto representan un quebranto al erario por mil cien millones de pesos.
En general, el dictamen de auditoría es negativo al considerar que el gobierno estatal no cumplió las disposiciones normativas aplicables.
La Auditoría Superior de la Federación resume que los resultados muestran un desorden administrativo, falta de claridad y desvíos, todo lo cual ha repercutido de manera negativa en los programas para abatir los índices de marginación y pobreza en Chiapas.
Fuentes consultadas sobre el tema informaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede interponer denuncias contra funcionarios municipales, estatales y federales que resulten responsables del manejo irregular de fondos, no obstante, las demandas pueden ser resarcibles o penales, independientemente de que las administraciones de los estados inicien procesos contra los funcionarios involucrados en el mal manejo de recursos.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades constitucionales para auditar a las entidades federativas en cuanto a los fondos federales conocidos como ""Ramo 33"".
Además, compete al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obligar a los gobiernos estatales y municipales a resarcir el daño.
Las irregularidades
Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación a recursos del Ramo 33 que se destinaron a Chiapas en 2010, arrojan datos graves sobre corrupción y malos manejos.
Según el documento estudiado ""En sólo un año los subejercicios alcanzaron casi el 40 por ciento, además de pagos a obras y personal no autorizado o inexistente, desvío de recursos a regiones no prioritarias, y otras irregularidades administrativas que estarían ocasionando un quebranto al erario de mil 99 millones 99 mil 220 pesos (...)
Entre las principales causales que detectó la Auditoría Superior de la Federación está el desvío de recursos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF) y Chartis Seguros México, S.A. de C.V. que habría violado las reglas de operación de los recursos por 123 millones 908 mil 100 pesos (...)
También se conocerían pagos indebidos por conceptos como compensaciones, bonos y estímulos al personal docente que no laboraba en las aulas, y estaba en áreas administrativas o comisionado a sindicatos. Según la auditoría, estos pagos fueron erogados de acuerdos entre el gobierno del estado con las Secciones 7 y 40 del SNTE"".
CFE
Entrevistado sobre el tema, el maestro en Derecho Penal y Amparo, Horacio Culebro Borrayas, señaló que una de sus partes más controversiales sería lo concerniente al Ramo 33, que se refiere a un presupuesto federal para pagar el consumo energético a Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero el gobierno de Juan Sabines habría obligado a los presidentes de la Costa a no pagar su adeudos, provocando que esta región de Chiapas deba actualmente unos tres mil millones de pesos.
Esto a través del decreto promulgado el 14 de septiembre de este año en el Congreso del estado y publicado el 17 de septiembre en periódico oficial del gobierno del estado, donde se ""obliga a los Ayuntamientos a que sus participaciones estatales y federales sean retenidas por la Secretaría de Finanzas chiapaneca, para pagar y contratar servicios con C.E. Arriaga"", una empresa privada propiedad de la familia Salinas Pliego. Esto, contraviniendo directamente lo estipulado en el Artículo 27 párrafo quinto de la Constitución de la República Mexicana, que especifica que particulares no pueden producir ni distribuir electricidad de la nación. Además, impone que los subsidios de nivel federal sean retenidos por la Secretaría de Hacienda estatal para que el gobierno local los distribuya según lo disponga, aunque esto signifique contraponerse directamente a los mandatos federales. Pero dijo, esto apenas es el principio, pues existe una larga lista de irregularidades a investigar y se refirió al documento: la auditoría financiera y de cumplimiento que se realizó al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (10-A-07000-02-0234 GF-038), en la que se detectaron quebrantos por 30 millones 497 mil 420 pesos. La auditoría financiera y de cumplimiento a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (10-A-07000-02-0200 GF-006) donde se determinó un quebranto al erario por un monto de 499 millones 652 mil 600 pesos. En temas de salud, la auditoría financiera y de cumplimiento a los recursos federales destinados al Seguro Popular, transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa, que se refieren a la llamada Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASF o Seguro Popular) (10-A-07000-02-0443 GF-451), se dictaminó un posible quebranto general por 429 millones 260 mil 800 pesos.
Por otro lado, en el manejo de los recursos que sí se utilizaron, se detectaron también diversas irregularidades que afectaron las arcas de Hacienda Pública Federal, como la existencia de pagos en exceso y pagos indebidos a personal que no está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al Seguro Popular.
También se habría detectado que la Secretaría de Hacienda de Chiapas no entregó diversos rendimientos financieros por el manejo de los recursos, y quedó a deber más de 10 millones de pesos. Además, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas (Isech) retuvo a los trabajadores por concepto de ISR y cuotas al Issste 8 millones 40 mil 200 pesos.
La lista la engrosarían posibles quebrantos en la compra de medicamentos y otros, toda vez que otra auditoría financiera y de cumplimiento se realizó al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (10-A-07000-02-0234 GF-038), en la que se detectaron quebrantos por 30 millones 497 mil 420 pesos.
En la auditoría financiera y de cumplimiento a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) (10-A-07000-02-0262 GF-070) se habría encontrado un subejercicio de 213 millones 745mil 600 pesos, cifra que representó el 38.0 por ciento de los recursos asignados para 2010.
De no ser solventadas las inconsistencias, no se descataría la acción penal, en última instancia.
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