Los cierres de carreteras, tomas de caseta, retenciones de camiones, plantones de organizaciones sociales y enfrentamientos que se han registrado en varios puntos de la ciudad están agudizando los daños económicos que se venían arrastrando en los últimos 12 meses por la pandemia, puntualizó el presidente en la capital de Chiapas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Rafael Sánchez Zebadúa.
Sobre la situación que prevalece en la ciudad y el estado, pidió a las autoridades que presten atención al comportamiento que tienen estos movimientos sociales y que instalen una mesa de diálogo para encontrar una solución a la brevedad, debido a que los únicos afectados son los establecimientos que quedan en medio de los enfrentamientos o de los plantones.
Sin embargo, el líder del sector enfatizó que, respetando los derechos humanos, la autoridad (dentro del marco de sus atribuciones) tiene que aplicar el Estado de derecho, pues no se vale “afectar la economía de la ciudad, el libre tránsito, no se vale estar afectando la vida normal de Tuxtla Gutiérrez, esperamos que se resuelva muy pronto, que las autoridades tengan las vías para resolver esto de forma pacífica”.
Como sector empresarial hacen un llamado para que las autoridades resuelvan las molestias que tienen los diferentes grupos, ya que los daños son para los comercios que, a lo largo del 2020 y lo que va del 2021, se han enfrentado a retos mayúsculos por el tema de la pandemia.
“Yo creo que ya todos estamos cansados de esto; la autoridad debe ejercer el Estado de derecho. Vuelvo a repetir: siempre respetando los derechos, se deben agotar las mesas de diálogo, la negociación, pero no podemos vivir en una ciudad en la que todos los días nos estén cerrando las calles o robando mercancías”, remarcó.
El presidente de la Canaco en la ciudad enfatizó que en estos momentos las empresas registran daños cuantificables, producto de la emergencia sanitaria y de todos los conflictos que se han presentado en el estado en los últimos años. Cualquier persona o grupo social, refirió el empresario, tiene el derecho de manifestarse pero sin afectar a otras personas.
Ninguna manifestación, remarcó, puede reprimirse pero la aplicación de la ley tiene que llegar de forma inmediata en el momento en que esos actos se convierten en vandalismo. Finalmente, el presidente del organismo empresarial confirmó que los problemas políticos y sociales sí empeoran la situación económica de la entidad pero, dijo, lo más grave es que se termina por afectar a las actividades habituales de la población.
