Este miércoles el pleno de la LXlX Legislatura aprobó con 38 votos la reforma al Código Penal del Estado con el que se impondrán penas de 50 a 100 años de prisión a quienes cometan el delito de feminicidio en el estado de Chiapas.
Con esta iniciativa, que fue enviada con antelación por el Poder Judicial del Estado, también se endurecen las penas por los delitos cometidos en contra de los menores de edad, principalmente la pornografía y difusión de este tipo de material.
Al respecto, el diputado Juan Salvador Camacho Velasco consideró que esta reforma responde a una necesidad urgente: garantizar una justicia más firme, más sensible y más cercana a la realidad que vive nuestro estado de Chiapas.
"El actual gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar se ha caracterizado desde el primer día por mantener la lucha frontal contra el crimen organizado, la impunidad y la corrupción", precisó.
Dijo que en Chiapas la vida humana y la seguridad de sus ciudadanos es inviolable e innegociable, como ha quedado de manifiesto en los hechos más recientes.
"No podemos ni vamos a tolerar actos que atenten contra estas premisas. Aquellos que priven de la vida a otras personas deben de enfrentarse a sanciones severas, proporcionales al daño causado. Solo así consolidaremos una convivencia pacífica, el respeto a la dignidad humana y el orden al orden público que tanto anhelamos y que actualmente se está construyendo. Esta iniciativa propone el incremento de penas para el delito de homicidio con el objetivo de reforzar el carácter disuasivo y ejemplar del derecho penal frente a las conductas más graves", expresó.
Indicó que no se trata de castigar por castigar sino de proteger el valor más fundamental: la vida. Con ello se impone de 50 a 100 años de prisión y multa de 800 a dos mil umas.
Asimismo, cuando el feminicidio se ha cometido contra una mujer embarazada, también la pena se incrementa de manera considerable hasta 150 años.
Por eso, esta iniciativa agrava las sanciones para quienes entreguen a menores o personas con discapacidad a cambio de beneficios económicos, así como a quienes lo retengan o sustraigan sin el consentimiento de sus legítimos cuidadores.
Se incrementan también las penas por delitos de violación, estupro, pedofilia, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual. Especialmente cuando las víctimas sean menores de edad o personas que no puedan resistirse.
Asimismo, se refuerzan las sanciones contra quienes los involucren en el uso y tráfico de este pacientes y para quienes a través de medios electrónicos contacten a menores con fines sexuales, produzcan y difundan o posean material de pornografía infantil.
Las reformas también contemplan penas más severas para los que emplean a menores en lugares nocivos para su formación o les permitan el acceso a espectáculos pornográficos.
Esta iniciativa busca cerrar las puertas a la impunidad, garantizar una justicia efectiva para niñas, niños y adolescentes.
