Con el objetivo declarado de “proteger a la población y sancionar con mayor rigor” a quienes colaboran con grupos delictivos, recientemente, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para perseguir y endurecer las penas por el delito de “halconeo” o vigilancia criminal, informó la diputada Getsemaní Moreno Martínez.
La presidenta de la Comisión de Consulta y Participación Ciudadana destacó que la iniciativa, que surge de una “demanda ciudadana”, reforma el artículo 398 Bis y adiciona el artículo 398 Ter del Código Penal local.
Las modificaciones establecen penas de prisión de cinco a quince años y aumentan la sanción económica de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
“La seguridad de las y los chiapanecos es una de las principales prioridades del gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar y forma parte de la estrategia integral en el combate a la delincuencia”, afirmó la legisladora.
Grave riesgo
Moreno Martínez argumentó que este tipo de delitos, que consisten en brindar información a grupos criminales sobre las actividades de la población o de las instituciones, han aumentado y colocan a la ciudadanía en “grave riesgo”. Subrayó que la reforma busca erradicar estos actos y es parte del fortalecimiento del marco jurídico que, según su percepción, ha llevado a que “recientemente la seguridad aumente” en la entidad.
El “Halconeo”, entendido como el acto de vigilar o proporcionar información a grupos delictivos sobre ciudadanos, sus negocios, rutinas o sobre operativos de autoridades, por ello se reforma el Capítulo IV, “Delitos cometidos contra servidores públicos”, del Título Décimo Sexto, “Delitos Contra la Autoridad”, en la Parte Especial del Código Penal para el Estado de Chiapas
Esfuerzo legislativo
La reforma contra el “halconeo” representa un esfuerzo legislativo por atacar un eslabón clave de la cadena criminal: la inteligencia local que alimenta a los grupos delictivos. Responde a una queja recurrente de la ciudadanía sobre vigilancia y acoso.
En este escenario, la eficacia real de esta medida dependerá de factores que van más allá del código penal: fortalecimiento de las policías de investigación, protección a testigos y comunidades, y una estrategia integral que aborde las causas sociales y económicas que facilitan la colaboración con el crimen organizado en localidades vulnerables.
La diputada Moreno Martínez enmarcó la reforma dentro del éxito de la estrategia de seguridad estatal.
