Del universo de propietarios de inmuebles (terreno, casa, negocio) en Tuxtla Gutiérrez, alrededor del 40% no pagan el impuesto predial o tiene adeudados atrasados, lo que afecta económicamente al municipio.
Así lo dio a conocer la coordinadora de Política Fiscal de esta ciudad capital, Silvia Arely Díaz Santiago, señalando que de los predios existentes solamente el 60 por ciento de sus propietarios cumplen con este impuesto anual.
“Qué pasa cuando hay un rezago, pues primeramente los invitamos a que realicen su pago en dos ocasiones, entendemos que existen factores que impiden realizar el pago en una sola exhibición, por ello hacemos convenios para pagos diferidos”, puntualizó Díaz Santiago.
Agregó que actualmente existen beneficios en cuanto al monto del impuesto predial para aquellas personas que son de la tercera edad, que tengan una discapacidad o las que están desempleadas, pero para ello deben de acercarse a las instancias municipales.
Para los propietarios que hagan caso omiso de las invitaciones de pago, el Ayuntamiento inicia un proceso administrativo de ejecución, si no se vuelven a acercar con Política Fiscal se puede llegar a los procesos últimos de embargo y remate de la propiedad.
“Evidentemente es una cuestión que no a muchos les gusta (impuesto predial), pero debe ser de aceptación, en ese sentido exhorto a la ciudadanía a que sean conscientes con los trabajadores del Ayuntamiento que tienen instrucciones de hacer la notificaciones, porque nos ha pasado que los insultan o amenazan, por eso pedimos mucha compresión”, indicó.
Aclaró también que existe una diferencia entre embargo y remate; el primero consiste en notificar al Registro Público de la Propiedad de cierto inmueble que se encuentra gravado por un adeudo; el remate es ofrecido al mejor postor donde se hace un avalúo, para posteriormente sacarlo a una subasta pública para cobrarse el adeudo.
“Así nosotros nos cobramos el adeudo y la diferencia de ese adeudo, si así lo requiere la persona, se le es regresado. Si debo 150 mil pesos y mi casa cuesta un millón, pues cobramos la cantidad y si la persona lo requiere le devolvemos el resto”, finalizó.
