En Tuxtla Gutiérrez se estima que por cada cinco habitantes existe un perro en situación de calle, lo que hace un aproximado de alrededor de 120 mil animales sin protección, señaló el director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento, Alfredo Ruiz Coutiño.
Indicó que las colonias donde existe mayor concentración de perros en condición de calle son Copoya, El Jobo, Patria Nueva y Plan de Ayala, pero la situación se generaliza en toda la capital, convirtiéndose en un serio problema de salud pública.
Dio a conocer que en los próximos días iniciarán con la aplicación del programa denominado “Perro comunitario”, que busca cambiar el sentido de “callejero” y sobre todo que la ciudadanía retome su responsabilidad, frenando así la continuidad en la reproducción desmedida de estos animales, y teniendo un registro más concreto.
En próximas fechas darán a conocer oficialmente este programa que contará con la participación de organizaciones interesadas en el cuidado de estos animales, y operará llevando las campañas de esterilización a los lugares detectados como de alta incidencia en abandono animal.
Se trabajará con personal capacitado en la eliminación de garrapatas, pulgas y parásitos previo al procedimiento quirúrgico; en consecuencia, se buscará que sean los colonos quienes se comprometan a cuidar del proceso postoperatorio de los animales, que es lo más complicado para la dependencia.
Ruiz Coutiño refirió que esta situación es producto de las costumbres de los propios ciudadanos, que deciden no hacerse cargo de sus animales, incurriendo en violencia, maltrato y posteriormente el abandono.
En ese aspecto, dijo que desafortunadamente existe una alta incidencia de maltrato animal en la capital: en promedio reciben diariamente dos denuncias respecto a perros maltratados, en condición de calle e incluso de envenenamiento, esto sin contar las situaciones que no se reportan.
Para concluir, detalló que para que una denuncia proceda se necesita informar del nombre del agresor y la dirección exacta, con lo cual se puede iniciar un procedimiento legal que puede costarle hasta 700 unidades de medida y actualización (salarios mínimos).
