El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló la firma de una minuta de trabajo con siete acuerdos que se alcanzaron con las Madres en Resistencia (que llevan varias semanas en protesta) para continuar con las investigaciones por los diversos hechos delictivos de los cuales sus familiares han sido víctimas.
Uno de los compromisos, enfatizó, es que la FGE dará seguimiento a la denuncia en la que se vieron involucrados elementos de la Secretaría de Seguridad de Tuxtla Gutiérrez, derivado de un desalojo que se presentó en la zona en donde se están manifestando. Se aclaró que no se ha ordenado ningún desalojo.
Llaven Abarca comentó que la Fiscalía también dará seguimiento a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que dirige Ana Laura Romero Basurto, debido a los hechos que ocurrieron en 2020, donde una menor de edad perdió la vida en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado (Indeporte).
En el punto tres de la minuta firmada, el fiscal hizo el compromiso de acompañar al grupo de víctimas a una brigada de búsqueda, pero no se ha concretado hasta en tanto las Madres en Resistencia indiquen la fecha.
Otros casos
También quedó plasmado que Romero Basurto iniciará un procedimiento administrativo de inhabilitación de exfuncionarios del Indeporte por la muerte de una menor.
Sobre este proceso, la secretaria enfatizó que se pedirán 10 años de inhabilitación para las cuatro personas que laboraban en esa dependencia. Detalló que encontraron algunas anomalías relacionadas con la presunta responsabilidad administrativa.
Esto después de analizar la situación y encontrar que no se vigilaron acciones competentes del Instituto, además de que no tenían suficiente personal para cuidar del alumnado y tampoco gestionaron para contratar más trabajadores.
Romero Basurto comentó que después de recibir la comparecencia de la exdirectora del Indeporte en 2020, se cerró el expediente y se pedirá su inhabilitación por 10 años.
Minuta
En el punto cinco también se acordó que el fiscal investigue un hecho que se atribuye a una servidora pública de la Fiscalía contra Feminicidio, por eso se tomó la decisión de separarla de su cargo en tanto se realizan las investigaciones de manera imparcial.
Se estableció que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría de Inteligencia, tendrá comunicación con las Madres en Resistencia para atender cada uno de sus casos.
El punto siete se relacionó con la asignación de una persona para las brigadas de búsquedas nocturnas y de las que se llevarán a cabo en los centros penitenciarios. Este punto aún no se ha realizado, debido a que las Madres en Resistencia mantienen una protesta.
Llaven Abarca comentó que es respetuoso de la manifestación que llevan a cabo las Madres en Resistencia y desde la FGE no se ha ordenando ninguna acción que las ponga en riesgo ni tampoco se ordenará desalojo alguno.
