El obispo de la Diócesis de Tapachula, Leopoldo González González, mostró su preocupación y reconoció el malestar “por el encarecimiento de la vida agravado por el aumento de los precios de la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad”, lo que pone en riesgo de desempleo a muchas familias.
Lamentó, sin embargo, “el vandalismo, la destrucción y el robo de tiendas y almacenes que han puesto una gran carga de dolor, de tristeza y de miedo”, cometidos por grupos de personas el jueves y viernes pasado.
Consideró que entre los propietarios existe dolor y rabia al mirar el saqueo y la destrucción del negocio en el que han puesto su esfuerzo de toda su vida, ejemplificando que “es como cuando se pierde toda luz y uno se queda en completa oscuridad, experimentando la gran impotencia, sin saber qué”.
En su mensaje dominical dijo que “pocas noches de Reyes han sido tan tristes como la última que se vivió en Tapachula y en otras ciudades de esta Diócesis”, considerando que “el diálogo es la única forma de lograr algo valioso cuando nuestras posturas difieren. La apertura de una y otra parte para reconocer lo bueno de quien opina diferente y unirlo con lo bueno de nuestra postura permite superar el conflicto y restablecer la unidad”.
Consideró que todos deberán de aportar para superar la situación que se está viviendo en el país y pidió que haya apertura que permita construir el bien común.
En ese sentido, mencionó que “el anonimato que nos da el estar en medio de una turba o de una muchedumbre o llevar el rostro cubierto no nos dispensa de nuestra responsabilidad personal. Podemos mirarnos, empujados a imitar lo que otros hacen, pero cada uno es responsable de la forma como actúa en ese momento”.
“Nunca podemos considerar que unos vidrios rotos, unas puertas destruidas signifique que las cosas han dejado de ser propiedad de su legítimo dueño. Robar es siempre robar. Destruir lo de otro o lo que es de todos es siempre una injusticia. La virtud de la justicia exige resarcir el daño y devolver lo robado”, señaló el prelado.
Aclaró que “eso mismo vale para cuando se cometen fraudes en la administración de los bienes públicos”.
