El gobierno federal tiene fallas graves en los tres ámbitos de seguridad que cubren la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, son justificados los cuestionamientos que ayer hicieron los diputados a los titulares de esas dependencias. El siguiente paso necesario es que el Congreso pase del reclamo a la acción.
La tarea de la PGR, investigar y perseguir los delitos del orden federal, ha sido incumplida en la medida en que los crímenes de la delincuencia organizada siguen sin esclarecerse. Sobre los 24 ejecutados en el estado de México y las granadas en Morelia aún puede otorgarse el beneficio de la duda por el escaso tiempo transcurrido. Sin embargo, por como se han dado las detenciones de sospechosos en el segundo caso, el gobierno federal muestra depender más de la coincidencia que de la investigación a cargo de Eduardo Medina Mora.
Lo mismo queda en evidencia ante la pasividad mostrada por las ejecuciones de agentes federales victimados en su mayoría hace varios meses. Salvo casos de amplia difusión mediática pocos terminan en la detención de los responsables.
Respecto de la SSP, con Genaro García Luna a la cabeza, se presentan omisiones en la prevención del delito empezando por el control de personal dentro de la corporación. Difícilmente pueden explicarse los asesinatos de altos mandos federales sin la complicidad de elementos internos. Si Lorena Hernández resulta una de las secuestradoras de Fernando Martí el argumento sería respaldado.
La recuperación de plazas dominadas por el narco ha obedecido sólo a criterios policiacos. La SSP, encargada de definir la política nacional en seguridad, desestima la necesidad de acompanar a soldados y policías con trabajo social...
