"MdeR. * CP. Una secuela de violación a los derechos humanos, a la Constitución mexicana, a la Constitución de Chiapas y al Sistema de justicia penal quedó al descubierto tras la denuncia que Julio César Arreola Carrasco interpusiera a nivel nacional ante las autoridades competentes.
Como se recordará, el citado Edil fue desaforado ilegalmente el 2 de agosto del 2007 por el Congreso del Estado, acusado de peculado por la Fiscalía General del Estado. Pero Mariano Herrán y Juan Antonio Castillejos Castellanos no esperaban que el munícipe procediera a su propia defensa y que además el PRD nacional interviniera para defender al Presidente Municipal de su mismo partido.
El 24 de agosto se promovió juicio de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de Nación y como respuesta el máximo tribunal judicial del país le concedió protección, al otorgarle una suspensión que invalidaba el desafuero de que había sido objeto ilegal y arbitrariamente.
Fue así como se ordenó en diversos comunicados, tanto al Congreso del Estado de Chiapas como a la Fiscalía General, cesara la persecución en contra del supuesto inculpado.
Pero la Suprema Corte fue todavía más allá. En su resolución, le regresó el fuero a Julio César Arreola y ordenó dejar sin efecto el nombramiento del Presidente Sustituto que el Congreso había decretado al margen de la ley.
El 12 de septiembre el presidente municipal Julio César Arreola Carrasco, en cumplimiento a la resolución de la Corte, solicitó al Congreso cumplir inmediatamente con el fallo.
Como respuesta le indicaron en el Congreso que se presentara al día siguiente en la Presidencia Municipal y que esperara a un Diputado que representaría al Congreso para reinstalarlo, en tanto se tenía la documentación completa para acatar el fallo de la Corte.
Sin embargo, el Diputado propuesto para la reinstalación del Edil jamás llegó a Pijijiapan. En cambio los que sí se presentaron fueron más de cincuenta policías de la Fiscalía General del Estado fuertemente armados que se dijeron enviados directamente por Mariano Herrán Salvatti.
En el ilegal operativo detuvieron a Arreola Carrasco y al abogado del PRD nacional, bajo el pretexto de cometer los delitos de motín, sedición y otros.
Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General, en cuyas oficinas fueron objeto de presiones y amenazas con el propósito de obtener su desistimiento de la Controversia Constitucional.
A pesar de los acosos policiacos ordenados por Herrán Silvatti, Julio César Arreola se negó en definitiva.
Para aumentar la intimidación, trasladaron al Edil de Pijijiapan al centro de arraigo ""Pitiquito"". En tanto ello sucedía, en el Congreso citaron a los miembros del Cabildo de Pjijiapan para que fueran ellos los que desistieran de la Controversia Constitucional. Tampoco lograron su propósito. Lo que evidencia la complicidad entre la Fiscalía General del Estado y los diputados encargados del desafuero de Arreola Carrasco.
Dos días después liberaron solamente al abogado del PRD, arraigado sin que hubiese cometido delito alguno que ameritara la pérdida de su libertad.
Durante los siguientes seis días en su internamiento en ""Pitiquito2 no cesaron los hostigamientos hacia la persona de Arreola. Con los mismos métodos intimidatorios y represivos característicos de Herrán, los judiciales encargados del caso pretendían cumplir órdenes superiores: debes entender -le dijeron a Julio César Arreola- que ésta es una orden del jefe Mariano Herrán que es el que manda en Chiapas y si no aflojas te mandamos al Amate donde nuestra gente te va a quitar lo salsa.
Con todo y las amenazas e intimidaciones, los familiares y amigos del Edil se movilizaron para quejarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Magistratura Superior del Estado. Revisada la petición ante ambos poderes judiciales, la Magistratura Superior decretó el 21 de septiembre pasado la ilegalidad del arraigo y por tanto ordenó la inmediata libertad de Julio César Arreola Carrasco.
Una vez más quedaba demostrada la falta de respeto de Mariano Herrán hacia el Estado de Derecho.
El ""usted dispense"" ya pasó de moda. Ahora el PRD nacional ha brindado todo el apoyo a su munícipe para obtener su inmediata reinstalación y exigir el restablecimiento de la legalidad y el Estado de Derecho en la entidad, así como pedir castigo para quienes se vieron involucrados en actos carentes totalmente de legalidad.
Por principio de cuentas solicitar cárcel para los diputados que desobedecieron el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al cometer el delito de Desacato.
Después presentar demanda ante la Procuraduría General de la República, al haberse involucrado Mariano Herrán en delitos del orden federal: abuso de autoridad, asociación delictuosa y los que resulten. Y simultáneamente, denuncia de Juicio Político contra Herrán Salvatti por violaciones flagrantes a las Constituciones de México y Chiapas. Y finalmente la presentación de una queja ante las Comisiones Nacional e Interamericana de los Derechos Humanos.
El grado de repercusión que ha tenido el desacato del Congreso en Chiapas y de la Fiscalía General del Estado, se percibe también en la posición que ha adoptado el PRD en las declaraciones recientes:
""El PRD no descansará hasta ver tras las rejas al Fiscal General de Chiapas por ser el principal promotor de la violación de los derechos humanos en el sureste mexicano.""
Es evidente que la violación a los derechos humanos del munícipe, podría involucrar al Órgano de Fiscalización Superior, porque en el expediente de auditoría al Ayuntamiento de Pijijiapan no se había concluido el procedimiento marcado en la ley. Así lo demostró Julio César Arreola con un bien documentado expediente de pruebas, y particularmente con un oficio de notificación, por el que con fecha 31 de julio del ano en curso, el propio Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado le concedía un plazo de 45 días hábiles para aclarar las observaciones y dudas de su Cuenta Pública. El plazo ni siquiera se había vencido, puesto que fenecía el 1 de octubre. Por el contrario, la Fiscalía actuó con premura para perseguir a Julio César Arreola Carrasco, bajo la misma ilegalidad e impunidad con que se ha conducido durante casi siete anos.
El Edil informó que ésta no es una violación aislada como lo demostrará en las semanas siguientes. Para ello, instalará frente al Congreso del Estado una mesa permanente para recibir todas las denuncias que otros chiapanecos igualmente vejados por Mariano Herrán quieran exponer, y asumirá su defensa con el apoyo que solicitará de los colegios y barras de abogados de Chiapas que seguramente habrán de solidarizarse con esta causa que atane a toda la sociedad chiapaneca.
Finalmente, el Presidente Municipal expresó su confianza en el gobernador Juan Sabines y en la licenciada Sonia Simán Morales, titular de la Magistratura Superior del Estado para erradicar definitivamente las persecuciones y cárcel sin sustento, como lo ha anunciado el secretario de Gobierno, Antonio Morales Messner.
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