René Cruz Montalvo, docente e investigador en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Tuxtla, explicó que los efectos de la nueva disposición federal concerniente a la homologación del salario mínimo, significa un incremento en el salario, pero no a la producción, por lo que otros reglamentos fundamentados en este indicador, deberán modificarse a la brevedad posible.
La puesta en marcha de la nueva disposición federal en torno a la homologación del salario mínimo puede tener repercusiones en la economía empresarial, familiar y de los tres órdenes de Gobierno, señaló el economista.
El anuncio de la homologación del salario mínimo se hizo el pasado 28 de septiembre y desde entonces ha suscitado gran diversidad de opiniones: en acuerdo, en parcial acuerdo y en desacuerdo.
Hasta antes de esta última modificación el salario mínimo en Chiapas era de 68.28 pesos y hoy corresponde a 70.10, marcando un incremento de 1.82 pesos.
Al respecto, Cruz Montalvo opinó que el incremento del salario debería ir en virtud de la productividad, ya que esta paridad no significa un aumento en la producción, pues “es el mismo número de trabajadores, la mismas horas laboradas y la misma producción”.
Dado que la mayoría de los empleadores pagan en promedio entre dos y tres salarios mínimos, sus empleados no percibirán aumento en su salario pero sí en el crédito para su vivienda, mismo que otorga la empresa para la que trabajan.
Derivado de esto los empresarios, para no aumentar sus gastos pueden tomar medidas que van desde recortar el personal para no conservar la nómina o incrementar el precio de costo de sus productos.
Además, al ser el salario mínimo un referente de multas en el estado (hay entre 50 y sesenta reglamentos capitalinos que toman como referencia el salario mínimo vigente, sin contar con los de las restantes alcaldías), por lo que es necesaria una urgente modificación de los montos para que no sean demasiado excesivos.
La infracción de la ley seca, por ejemplo, corresponde a una multa de mil salarios mínimos vigentes, que hasta antes de la homologación era de 68 mil 280 pesos, mientras que ahora sería de 70 mil 100 pesos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es una de las instituciones que más altas multas impone, llegando a infraccionar hasta con 50 mil salarios mínimos que constituirían un duro golpe a la economía.
