"Sergio Granda * CP. En el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, mujeres de diversas organizaciones sociales a favor del aborto seguro, exigieron frente al acceso principal del Congreso del Estado ""la homologación de la interrupción legal del embarazo en Chiapas (ILE), vigente desde el año 2007 en el Distrito Federal"".
Las integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), así como del Cofemo, CIFAM y otras organizaciones adherentes a este movimiento en la entidad, manifestaron que ""con lo antes expuesto el Gobierno del Estado daría una señal positiva para el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales a favor de las mujeres, incluyendo los Objetivos del Milenio que forman parte de la leyes locales en Chiapas"".
Protestas
Con pancartas, mantas alusivas a estas peticiones y una representación personal sobre el calvario que viven muchas mujeres obligadas por las leyes vigentes a no interrumpir el embarazo en la entidad, el grupo femenino expuso sus consideraciones a favor del aborto.
Nancy Zárate Castillo, vocera autorizada, al frente de una docena de mujeres participantes dijo que esta situación a favor de la despenalización del aborto en Chiapas, ocurre a 30 años de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).
Advirtió que ""la CEDAW ha solicitado al Estado mexicano revisar la legislación que penaliza el aborto, así como a los estados de la República, a fin de que cuando proceda se garantice el acceso rápido y fácil al aborto, además de emprender acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna provocada por el aborto ilegal"", dijo públicamente.
Durante la lectura de un comunicado se expuso que Chiapas, al igual que otros 16 estados ha reformado su Constitución en su Artículo IV que dice: ""El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene, desde el momento de la concepción, bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes"" (última reforma, POE 316 del 25 de julio de 2011), contradiciendo la recomendación de la CEDAW.
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