Tras ser enviada a la “congeladora” del Congreso de Chiapas la iniciativa de Ley de Identidad de Género, la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte (y quien realizó la propuesta junto con activistas), Aida Guadalupe Jiménez Sesma, reclamó a sus compañeros de curul la falta de sensibilización que han tenido en el tema y que el proyecto aún no se turne a comisiones para que, después, pudiera discutirse en el Pleno.
En ese sentido, recordó que fue el 16 de mayo de este año cuando propuso cambios en la Ley, sin embargo, desde hace cinco meses su estrategia de inclusión no ha tenido eco en la 67 Legislatura.
La iniciativa tiene contemplado el respeto a la identidad de las personas transexuales, a fin de evitar más violencia hacia este sector. La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, prohíbe todo tipo de discriminación, sin importar la condición social, origen étnico, estado civil, orientación sexual o salud.
“Durante muchos años las personas transexuales han sufrido discriminación en todos los ámbitos de su vida diaria, desde las burlas y humillaciones públicas por parte de un sector de la sociedad -abiertamente transfóbico- hasta los arrestos y arbitrariedades cometidas por agentes policiacos, la burocracia y las instituciones públicas; actualmente, una de las formas institucionales de discriminación en contra de este grupo vulnerable es, precisamente, la negativa de que las personas transexuales puedan acceder al cambio de nombre y género en sus actas”.
Para hacerlo, dijo, la autoridad pide una serie de requisitos que, muchas veces, son difíciles de cumplir en nuestro país. Existen diversas resoluciones en las que se determina que realizar la solicitud de modificación de documentos en cuanto al nombre y al sexo -en la vía judicial y administrativa- limitan los derechos fundamentales a la no discriminación, igualdad y libre desarrollo de la personalidad.
Jiménez Sesma enfatizó que, en todo el país, suman siete entidades federativas las que ya legislaron sobre el tema y seis más están en análisis; sentenció; para que Chiapas se denomine como un estado democrático, debe atender esta exigencia de este sector de la población y en el Congreso Local no se debe esperar que las modificaciones vengan determinadas por organismos jurisdiccionales.
