Ángel Ancheyta Villafuerte, abogado del ejido Emiliano Zapata, mencionó que hasta el mes de diciembre de 2019 descubrieron a nueve personas de la comunidad con nuevos diagnósticos de cáncer.
El abogado comentó que desde la medida cautelar que realizó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), poco se ha avanzado para corroborar si los residuos tóxicos vertidos en pozos por una empresa recolectora de basura les han causado estas enfermedades.
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, máxima autoridad jurisdiccional del continente en protección de los derechos humanos, emitió la medida cautelar no. 1498-18, a favor de los habitantes del ejido Emiliano Zapata, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que según señala el documento “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
Acheyta Villafuerte indicó que el caso se centra a raíz del fallecimiento de 21 pobladores del ejido por cáncer; entre ellos nueve niños, de forma prematura, documentados del 2006 al 2018.
El abogado manifestó que la muerte de estas personas estaría presuntamente ligada a una fuente de contaminación y degradación ambiental, que es eun basurero a cielo abierto desde hace 20 años.
Al respecto, el abogado comentó que el Estado mexicano ha avanzado poco pese a que autoridades municipales, estatales y federales se encuentran inmersas en este llamado.
“Aún no podemos decir que se relaciona, por eso fue la recomendación de la CIDH, para que se realicen estudios y comprueben lo dicho. Seguimos con la insistencia para que el Estado haga su parte y trabaje en la recomendación”, externó.
Ancheyta Villafuerte añadió que las 21 muertes por cáncer, se suman otras nueve personas que ya presentan cáncer de estómago y leucemia.
“La gente sigue externando que está enferma. Hasta ahora no hemos podido hacer que las autoridades hagan su trabajo. Tenemos dos amparos; uno en el cual cuatro autoridades solicitaron recurso de revisión. Por otro lado, en lo de pruebas; debido a la contingencia se ha retrasado”, añadió.
