La relevancia del Instituto Federal Electoral (IFE) no se pone a discusión, en tanto organismo ciudadano y autónomo, encargado de llevar por buen camino los comicios y el desarrollo democrático del país. Es, además, el que interpreta y aplica la legislación electoral vigente, en comunión con los partidos políticos, quienes a su vez dicen respetar sus decisiones. Es decir, el IFE es un instituto que basa su legitimidad en la confianza que le otorgan organizaciones políticas y los ciudadanos.
Entonces hay que ser muy cautelosos en la forma en que se interpretan sus determinaciones, por polémicas que pudieran parecer, puesto que uno supone que siempre debe sustentar sus resoluciones en lo que la ley establece.
Ayer, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, aseguró que su decisión de no permitir las donaciones privadas, hechas vía llamada telefónica, tarjetas de crédito o de redondeo en supermercados, obedece al principio legal que no permite aportaciones anónimas sin expedición de recibo o de identificación del donante, que pudieran ser la puerta para que intereses extranos o vinculados a fuentes sospechosas de financiamiento patrocinen candidatos a puestos de elección popular. La solicitud había sido hecha por el equipo promotor de la precandidatura del perredista Andrés Manuel López Obrador, quien se disgustó por esta resolución.
Aun así, lo importante será, de aquí en adelante, que todos los participantes de la vida política nacional reiteren su reconocimiento a lo que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde con mucha precisión se ponen candados a todo aquello que pudiera abrir resquicios a la ilegalidad o a la inequidad electoral. El argumentar que otros pudieron incumplir la ley, no significa que se pueda incurrir en la misma ilegalidad. En todo caso, hay que poner dichos supuestos en el terreno de las leyes para castigar a culpables.
México ha logrado avanzar hacia mejores niveles de democracia, gracias al perfeccionamiento de las herramientas electorales, que, en relativamente poco tiempo, nos ha permitido pasar de las elecciones organizadas y sancionadas por el Gobierno Federal, hacia comicios supervisados por un órgano ciudadanizado, que puede tener muchos aspectos perfectibles, pero de momento otorga a la sociedad mejores niveles de certeza e imparcialidad en sus votaciones. Existe, por supuesto, la posibilidad de que los partidos políticos y la sociedad se inconformen ante resoluciones del Instituto que les pudieran parecer ajenas a la legalidad o arbitrarias. Para ello existen recursos contemplados en la ley para juzgar y, si es el caso, sancionar. La ciudadanía está en su derecho de exigir que el IFE no se extralimite.
Lo importante será que de aquí en adelante la serenidad impere durante el proceso electoral que virtualmente ya ha comenzado, para distinguir perfectamente en qué momento los partidos hacen acusaciones al IFE basadas en la razón y cuándo lo hacen con base en el apasionamiento político o el interés particular.
A nadie conviene descalificar al órgano rector de los comicios, porque eso nos llevaría a una elección carente de legitimidad, si es que alguno de los participantes desconfiara de las resoluciones del árbitro.
Es previsible que se multipliquen las presiones de los partidos al IFE y que éstos sólo acepten las resoluciones del mismo que los favorezcan. Sin embargo, esto debilitaría seriamente a una institución que debe garantizarnos confianza y que, por ello, merece nuestra consideración. (El Universal)
