Las mil tortillerías que operan en la clandestinidad en Tuxtla Gutiérrez acabaron con el negocio de vender el alimento básico a la población, denunció José Ramón Salazar Ballinas, presidente de los industriales de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”.
Uno de los principales problemas que enfrentan los empresarios que están legalmente constituidos, dijo, es que son acorralados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo, pues cada día que pasa están más “agresivas” en la revisión de documentación y capacitación.
En ese sentido, urgieron a las autoridades a que se pongan a trabajar para aplicar las normas jurídicas en el rubro, porque se están generando conflictos en el reparto de la tortilla entre los propios motociclistas, ya que todos tienen “asignados un territorio”.
“Si lo vemos así, resulta que los que estamos dados de alta en Hacienda, los que somos formales, los que ayudamos pagando impuestos somos los únicos a los que visitan estas dependencias”, reclamó.
Esta situación, explicó, obliga a empresarios formales a gastar más y reducir la capacidad de competir con aquellos negocios que no tienen ninguna obligación fiscal, por eso debe existir “piso parejo”.
“Nosotros llevamos seis años de forma regular porque hemos querido pagar, los que hemos exigido piso parejo, no sé por qué la autoridad se niega a aceptar que paguemos todos”, puntualizó.
Mencionó que, ahora, apenas se sacan los gastos de operación y el salario de los trabajadores, pero el recurso ya no da para pagar seguridad social al personal y esto pone al borde de la quiebra a las tortillerías formales.
Finalmente, exhortó a las instancias gubernamentales a que cumplan lo establecido en las leyes de salud, para que la tortilla se venda en condiciones de higiene, pero no se logra por la proliferación de motociclistas repartidores.
