De los 90 proyectos mineros catalogados hasta ahora en México, 33 impactan a grupos indígenas y negros, afirmó Nemesio Juan Rodríguez, responsable de la oficina en Oaxaca del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Añadió que de acuerdo con la última infografía que concluyó el 15 de febrero, en esos proyectos de extracción de oro, plata, titanio, cobre, níquel, barita y carbón, entre otros minerales, “hay 94 empresas, de las cuales 74 son extranjeras y 20 nacionales, todas están en todos lados”.
Grupos afectados
En entrevista señaló que entre los grupos indígenas impactados por la minería en diferentes estados del país, se encuentran los cucupá, huave, hichol, mixe, otomí, purépecha, seri, zoque, tsotsil, tseltal, yaqui, mixteco y huasteco.
Sostuvo que para el área mesoamericana, el 62 por ciento de las empresas son canadienses; el 21 por ciento de Estados Unidos y después están las de Reino Unido (2.8 por ciento), Australia, (3.5 por ciento). El 89 por ciento de las empresas son extranjeras.
Comentó que de las 20 nacionales, varias tienen presencia en otros países, como Germán Larrea, y muchas veces hacen acuerdos con empresas locales para aparecer como tal, como las canadienses.
Saqueo brutal
Dijo que aparte de las concesiones mineras como tal, “se da un proceso previo de exploración, en el cual se sacan toneladas de material que nunca vuelve, aunque después digan que no es rentable. Toda esa explotación está en limbo. Es un saqueo brutal”.
Manifestó que lo que sucede en México con la minería “no es nada diferente a lo que ocurre en Ecuador, Colombia, Chile, Argentina o Paraguay. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no solamente es el capital legal, también el ilegal. Las estructuras ilegales también son trasnacionales. Las organizaciones delincuenciales son grupos trasnacionales y el origen de la mayoría de ellos fue la estructura del tráfico de drogas. Ahora están metidos en todo tipo de negocios, con circulación mundial de capitales, con inversiones mundiales de capital”.
Rodríguez sostuvo que la explotación minera se da en países gobernados tanto por la derecha o la izquierda. “Lo que pasa es que hay un modelo de planificación al cual se responde”. Los sectores afirman que el Estado hace las cosas a nombre de la población, “pero hay una falta de respeto absoluto a las decisiones de los pueblos”.
Comentó que en la década de los 80 y 90 del siglo pasado “hubo una explosión de las mineras que aparecieron como grandes proyectos con base en Canadá. Tienen dos bolsas, en Vancouver y Toronto que manejan las estructuras mineras y la otra es que a través de sus embajadas ese país impulsa la instalación de la estructura minera. En el asesinato de Mariano Abarca Roblero, ocurrido en noviembre de 2009 en Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, Canadá es directamente responsable por la intervención de su embajada”.
El investigador aseguró que “en este momento todas las compañías mineras ligadas a alguna estructura que tenga que ver con el cambio energético, van detrás del litio, pero no solo detrás de este porque hay una serie de metales raros o tierras raras que le llaman, que para hacer un coche eléctrico, que necesitan como 16 de distinto tipo y la búsqueda y la pelea son brutales”.
Afirmó que “están rastreando todo el territorio de América Latina para ver dónde hay porque se plantea como el oro del futuro, además de que son escasos. Está la pelea para ver quién llega primero, quién puede corromper más para obtener el acceso a estos materiales”.
En su opinión, “el planteo de la transición energética está trayendo problemas de todo tipo. Cambiar todos los coches del mundo a eléctricos, es el negocio el siglo. Y detrás está la estructura de especulación financiera. El destino de un espacio concreto que se puede georreferenciar en el mapa como tal está determinado en cualquier parte del mundo en un concejo de accionistas y la gente de la población local no tiene absolutamente nada que ver. Se la pasan por encima. Con suerte le dan para un refresco bajo la promesa de que le darán empleos, lo cual no es cierto”.
Rodríguez señaló que “se estima que en América Latina hay alrededor de 600 grupos indígenas y no se tiene idea de cuántos grupos de pueblos negros. En el caso de los grupos indígenas, 194 están impactados por trabajos de esclavo moderno de y en el caso concreto de México, hay 30 grupos indígenas bajo condiciones de esclavitud moderna, muchos de ellos relacionados con los jornaleros del norte del país o con el crimen organizado que copa regiones y los pone a trabajar. Es una forma de esclavitud porque son trabajos forzados, porque, además, los reclutan”.
Subrayó: “Yo cada vez me convenzo más de que lo que está generando todo esto son las condiciones para revueltas populares muy fuertes”.
